El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, llegó a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Santander (Cdmb), en medio de protestas y disturbios. El mandatario tuvo que bajarse de la camioneta porque los manifestantes impidieron su ingreso al parqueadero.
Quienes se encontraban en las inmediaciones del edificio eran integrantes de las comunidades del municipio de Suratá, que rechazaban la suspensión de la alcaldesa Ana Francisca Coronado.
La suspensión de Ana Francisca Coronado se hizo efectiva, según la comunidad, por la Contraloría General horas antes de la reunión de la asamblea corporativa de la autoridad ambiental.
Para la comunidad, como para opositores de Aguilar, esta suspensión se debe a ”jugadas políticas porque hoy es la elección del consejo directivo y quieren poner fichas para que la autoridad quede con poder del actual gobierno”, dijo el diputado Ferley Sierra.
“Esa decisión se daría para que Aguilar y Anaya pudieran poner a un alcalde encargado de su entera confianza y así poder alcanzar el control de la Cdmb”, decían los manifestantes.
La comunidad, al ver llegar al gobernador, comenzó a insultarlo y empujarlo, agrediendo también a su esquema de seguridad. Con gritos pedían una explicación a la cantidad de denuncias por la supuesta corrupción dentro del proceso de destitución de Ana Francisca Coronado.
Además, que se revocara la suspensión de la alcaldesa para que pudiera ejercer el voto en la asamblea corporativa de la Cdmb, que elegirá a los alcaldes miembros del consejo directivo de la autoridad ambiental.
“Hoy como comunidad estamos haciendo valer los derechos de nosotros y de la alcaldesa, porque esta elección de la junta debe hacerse con transparencia y legalidad. En medio de la protesta un agente del Esmad me agrede y me provoca una lesión en la cabeza”, denunció Mario Blanco, habitante de Suratá.
Por ahora, Mauricio Aguilar no se ha pronunciado al respecto, como tampoco, la Gobernación de Santander.
Quien si lo hizo fue la Contraloría, que por medio de un comunicado de Blanca Luz Clavijo, contralora departamental, se explicó que la suspensión provisional de la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, no obedece a ninguna jugada o movimiento político y que fue una semana antes de la elección. “El proceso de esta suspensión es de responsabilidad fiscal por material probatorio que tiene la entidad”, aclaró.
“La reserva legal entorno a los hechos ocurridos están soportados en el artículo 20 de la ley 610 de 2000, en donde se señala que actuaciones adelantadas contra la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal son reservadas hasta su culminación”, puntualizó la entidad.
Y después agregó: “Hasta tanto termine el proceso de responsabilidad fiscal, ningún funcionario podrá suministrar información, ni expedir copias de piezas procesales. La misma reserva deben guardar los sujetos procesales”.
Enfatizó, asimismo, que “la Contraloría General de Santander no ha destituido a ningún funcionario porque no tiene esa facultad legal”.
Antes de la suspensión, incluso los alcaldes de Suratá y Vetas habrían denunciado que la Contraloría había tomado decisiones en su contra, para así, favorecer al grupo político del gobernador de Santander, frente a un eventual control de la CAR de Bucaramanga.
De esta forma, el alcalde de Vetas, Hernán Bautista, también dice ser víctima de los intentos de Aguilar y Fredy Anaya por quedarse con el control de la corporación.
Por medio de su cuenta de Twitter, Mauricio Aguilar anunció a los alcaldes miembros del Consejo Directivo 2023 de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Santander.
Los elegidos fueron Mario Carvajal del municipio de Piedecuesta, Álvaro Rojas de Charta, Rubén Villabona de Rionegro y Cesar Lozada de Matanza. “¡Mil felicidades! A velar por los ecosistemas y la protección del medio ambiente”, dijo el mandatario.
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