El ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció el jueves 23 de febrero que el Gobierno nacional contempla la posibilidad de otorgarle estatus políticos a las disidencias de la Segunda Marquetalia.
Asimismo, el ministro aseguró que habría un problema jurídico con el grupo de Iván Márquez por haber abandonado el proceso de paz.
“Se están estudiando los mecanismos que nos permitan jurídicamente avanzar hacia esa vía de reconocimiento político a dichas disidencias”, apuntó Prada al finalizar el foro Democracia Plebiscitaria vs Democracia Liberal, en la Universidad Externado de Colombia.
Para ello, y avanzar en su objetivo de la ‘paz total’, la Casa de Nariño expidió el decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022, “por el cual se decreta el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, en el marco del diálogo de carácter político entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central Farc-Ep, y se dictan otras disposiciones”.
En dicho decreto también se establece que una “instancia de alto nivel” se encargará de caracterizar y clasificar las organizaciones armadas ilegales que expresen voluntad de acogerse a la ‘paz total’, es decir, es la que define a petición del presidente de la República si se trata de una organización con estatus político o no, en el primer grupo entrarían las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Una vez tengamos la decisión final de la Instancia de Alto Nivel, el Gobierno tomará la decisión de reconocer o no el estatus político, o si nos quedamos en el nivel de conversación con miras al sometimiento y desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto, como lo define la ley”, se dicta en el decreto.
El anuncio de Alfonso Prada se conoció el mismo día en que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante el conflicto armado, emitiera un comunicado a la opinión pública en donde pide que las disidencias de las Farc reciban un tratamiento político en los procesos de paz del Gobierno de Gustavo Petro.
El exjefe guerrillero tituló la carta: La paz es un asunto prioritario para la nación y una deuda histórica para las comunidades más humildes del país. En ella, Londoño asegura que el 95% firmantes del Acuerdo de Paz, entre el Estado Colombiano y las extintas Farc, “sorteó las adversidades, con coherencia y heroísmo, honró su palabra empeñada y se mantuvo en la brega por la implementación de lo acordado”.
Sobre Iván Márquez, su compañero en la antigua guerrilla, aseguró que es un hombre de convicciones políticas, que motivado por distintas circunstancias, abandonó el proceso de paz.
“El retorno de (Iván) Márquez y otros a las armas no debe ser óbice para dar tratamiento político a la Segunda Marquetalia y demás organizaciones armadas compuestas por exintegrantes de las extintas FARC-EP. Que sea la historia quien les juzgue por sus desavenencias con la paz, pues la ciudadanía colombiana ha mandatado a este Gobierno allanar los caminos para clausurar definitivamente la violencia”, aseguró el jefe del Partido Comunes.
Finalmente, el firmante de paz expresó que el Gobierno de Gustavo Petro ha generado las condiciones para avanzar decididamente hacia el desmonte de todas las violencias y de todos los aparatos militares, “no hay lugar a cerrarle la puerta a ningún actor armado que tenga voluntad real de sumarse a la paz que debemos legar a las nuevas generaciones”, concluyó el líder político.
Sobre la posibilidad que las disidencias de las Farc tengan un estatus político, como en todo, hay voces a favor y en contra.
En ese sentido, Pastor Alape, exnegociador de las Farc en La Habana y vocero del Partido Comunes, le dijo a Colprensa que:
“Hoy la salida debe ser política, implica fórmulas combinadas entre acuerdos de sometimiento y acuerdos de negociación política. La Segunda Marquetalia se retiró del Acuerdo de Paz por el entrampamiento que le tendieron agentes de Estado”.
No obstante, otra cosa piensa el ex comisionado de Paz Camilo Gómez Alzate. “Desde el punto de vista jurídico y político esa definición es inaceptable, ambos grupos, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, están dedicados, principalmente, al narcotráfico, no tienen ninguna justificación política y, por lo tanto, no deben tener un tratamiento distinto que el de sometimiento a la justicia”, afirmó.
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