Violencia sexual durante el conflicto: Procuraduría le insiste a la JEP que abra un macrocaso

Durante una audiencia que se desarrolló en la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, en la cual estuvieron presentes las víctimas del Bloque Occidental de las extintas Farc, Jairo Acosta, procurador delegado coordinador ante la JEP hizo nuevamente un llamado para que el caso de violencia sexual se abra.

De acuerdo con la mención que hizo Acosta, reiteró la importancia de que los relatos de las víctimas en relación con agresiones sexuales se vincule en lo que sería un “macrocaso” que estaría enfocado en investigar acerca de cada una de las situaciones y en este sentido, esclarecer la verdad sobre el delito que sufrieron.

En sus palabras, mencionó que:

“Le pido a la magistratura especial atención a las solicitudes hechas hoy sobre afectaciones de carácter sexual y que esto sea otro elemento de juicio para acelerar y definir el comienzo del macrocaso de violencia sexual”.

Añadió que es de vital importancia fortalecer los canales de comunicación entre la JEP y la Unidad de Víctimas (UARIV), pues declaró que de esta manera sería mucho más fácil encontrar soluciones que permitan resolver todos y cada uno de los requerimientos que han hecho las víctimas.

Por otro lado, mencionó que también se podría implementar una estrategia de Trabajos y Obras Reparadoras - TOAR. Esto se realizaría de manera anticipada con el fin de que los cambios que se establecen en el sistema judicial inicien su proceso y logren “transformar la vida de las víctimas”.

Por último, hizo nuevamente un llamado a los comparecientes. Mencionó que el aporte de la verdad es un elemento indispensable para la reparación y reconocimiento que las víctimas merecen, por eso invitó a los miembros de la fuerza pública, así como otros agentes del Estado para que entreguen sus versiones de manera voluntaria.

De acuerdo con información conocida por El Espectador, la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, ordenó que se iniciara la inspección de una serie de archivos de inteligencia que tendría en su poder la Brigada XX.

Según el informe, la JEP buscaría salvaguardar el contenido de los documentos a manos del Ejército en el que yacen denuncias e información clave sobre registro de presuntos espionajes ilegales que se realizaron a agentes del Estado, a ONG, dirigentes de izquierda y defensores de derechos humanos.

La mención la hizo a inicios de mes de febrero de 2023, donde ordenó que se inspeccionaran los archivos cuyas fechas iban de 1985 a 1998, momento en el que la unidad militar de la Brigada XX fue desmantelada por parte del gobierno de Ernesto Samper debido a acusaciones de violaciones de derechos humanos.

A través de un documento de observaciones que dio a conocer la Procuraduría General de la Nación en relación con la masacre que vivieron los habitantes de Pueblo Bello en el municipio de Turbo, Antioquia, se solicitó a rendir declaratoria a Edgar Rodríguez Sánchez, excomandante del Comando Conjunto Sur del Ejército y de unidades militares del Estado.

El llamado del Ministerio Público responde a la masacre que habría sido perpetrada por parte de grupos paramilitares que acabó con la vida de habitantes del lugar en el año 1990.

El hecho se debió a que, de acuerdo con un informe de la JEP en relación con las versiones de varios soldados que fueron citados para declarar, el general comandaba el cuarto pelotón de una de las agrupaciones en la zona donde se cometieron los actos de violencia y en los que, además, no fueron interrumpidos ni detenidos por la masacre.

El escrito que fue conocido por W Radio destaca que:

“Considera esta delegada que se debe insistir en el llamamiento a rendir versión voluntaria a los militares de alto rango que aún no han sido vinculados mediante esta diligencia, como son: Teniente Edgar Rodríguez Sánchez – Comandante de Pelotón en el puesto de control de El Cerro”.