El 22 de febrero de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al ex coordinador de operaciones de la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P, Mario Germán Rojas Torres, funcionario en 2017, por presuntamente avalar de manera irregular el pago de facturas por más de 54 millones de pesos, sin indicar que sus consecutivos eran distintos a los emitidos inicialmente por el contratista.
En ese sentido, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá señaló que el servidor, quien además ofició como supervisor, pudo faltar a su deber de verdad al omitir mencionar la situación. Esto se dio aunque el contrato para la adquisición de sensores de identificación, unidades GPRS, sensores de combustible y el servicio de instalación de los dispositivos es genuino.
De igual forma, el Ministerio público sostuvo que Mario Germán Rojas Torres, particular en ejercicio de funciones públicas, habría omitido indicar las fechas de las facturas que estaba reemplazando, y dio como cumplidos hechos que no sucedieron en el periodo de tiempo señalado, pero que no obstante se pagaron como lo evidenciaron las órdenes de pago y los comprobantes de egreso.
“Con su posible actuación, el ex coordinador de operaciones pudo causar una afectación a su deber funcional, por lo que provisionalmente se califica la falta cometida como gravísima a título de dolo”, sentenció la Procuraduría General.
Esto quiere decir, que el funcionario cometió el delito de manera deliberada, con intencionalidad y sabiendo las consecuencias que pudo traer consigo dicho acto delictivo.
Otro caso de corrupción revelado por la Procuraduría
Por otro lado, el 16 de febrero de 2023 se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, por las irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital de Antioquia.
En esta audiencia estuvo presente Beatriz Mejía, como procuradora delegada del Ministerio Público para este proceso judicial, en el que la Fiscalía, solicitó la medida de aseguramiento para Agudelo y Lina María Gil, exdirectora técnica del programa Buen Comienzo.
La misma medida de aseguramiento, en modalidad de casa por cárcel, fue solicitada por la Fiscalía en la última audiencia, ya que aseguró que el material probatorio por el caso de corrupción de este programa de la alcaldía es suficiente para hallar culpables a las dos funcionarias públicas. Audios, actas, pantallazos, entre otros, son los elementos que posee el ente judicial en su poder.
Los delitos imputados son celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
“Se logra corroborar que sí hubo una flexibilización, una sujeción a requisitos con menos exigencia, con un único oferente, lo que imposibilitaba una mejor recepción de ofertas, además de la ausencia de control del oferente para poder verificar qué iba a hacer y cuál era la ejecución del contrato”, aseguró Mejía en referencia al delito de interés indebido en la celebración de contrato.
Además, la Procuraduría manifestó que las dos imputadas habrían llegado a acuerdos para que Colombia Avanza se quedara con dos contratos de la Secretaría de Educación de Medellín.
“Son líneas que dan a entender que, en efecto, hubo una flexibilización que lleva a la ubicación de los tipos penales que fueron imputados”, añadió la funcionaria que representó a la entidad de control.
En cuanto al representante legal de Colombia Avanza, no hay suficiente evidencia para determinar si actuó ilegalmente, ante esto; no obstante, Mejía hizo un llamado a la Fiscalía.
“Sí hay elementos pendientes de ser recolectados y hay un nivel de pronóstico de que al parecer de Colombia Avanza tendrían esta documentación y surge el riesgo de que esta información no llegue a su destino para que la Fiscalía haga ese análisis”, dijo.
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