Como “muy fructífera” calificó el senador Iván Cepeda la reunión sostenida entre las delegaciones de paz del Gobierno nacional y el ELN, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Dicho encuentro se realizó durante el miércoles 22 de febrero desde México, sede del segundo ciclo de conversaciones entre ambos equipos negociadores y el tema central fue la reforma al sistema penitenciario y carcelario, cuyo proyecto ya fue presentado ante el Congreso de la República.
Incluso, el integrante del equipo negociador del Gobierno afirmó que la visita de Osuna fue la primera hecha por un alto funcionario de la actual administración, y dio a conocer que está contemplada en un nuevo modelo de trabajo en la mesa de conversaciones que incluirá más cumbres con altos funcionarios del Ejecutivo.
Al respecto, Cepeda destacó que “la mesa ha decidido escuchar a las altas autoridades del Estado colombiano para que las políticas que adelanta el gobierno y las reformas puedan hacerse compatibles y articularse a los diálogos y acuerdos que está produciendo la mesa”.
En la mañana del miércoles, el viceministro de Justicia dio a conocer el viaje de Osuna a México para hablar con las delegaciones de paz con motivo de despejar “todas las dudas y los caminos legales para la consecución de la anhelada paz total”. Dicho anuncio fue mencionado en medio de la audiencia pública liderada por la Comisión Primera de la Cámara sobre el proyecto de ley 336 de 2023 a través del cual se busca una reforma al sistema penitenciario y carcelario.
Allí, precisó que la iniciativa está sentada en tres bases: el primero se centra en más resocialización y menos reincidencia. Sobre esto, anotó que “uno de los grandes problemas de la capacidad del sistema es que las personas que salen del mismo —26.000 personas al año— tienen altos índices de reincidencia y muchos vuelven a entrar. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidades afuera de las cárceles porque no aprenden ningún oficio” y en ese sentido, no encuentran una manera adecuada de aprovechar su tiempo.
De paso, señaló que un cupo penitenciario le cuesta al país 160 millones de pesos, dinero que se gasta “en empeorar las condiciones de esas personas y que salgan con muchos mayores índices de reincidencia o con aprendizajes de criminalidad”. También recalcó que con esta iniciativa de reforma buscan “estimular la justicia restaurativa” a fin de que las víctimas puedan ser reparadas.
Vale mencionar que uno de los principales temas de conversación en el segundo ciclo de negociaciones será la viabilidad de poner en marcha un cese al fuego bilateral. Esto tras el intento fallido a través del decreto 2657 firmado el 31 de diciembre de 2022 por el presidente Gustavo Petro. Después de conocerse esa reglamentación, la delegación del grupo guerrillero indicó que no se le había consultado aquella medida, motivo por el cual indicaron que el proceso de paz estaba en “crisis”.
Posteriormente, Antonio García, primer comandante del grupo armado negociante, lanzó críticas al gobierno por no recibir el tratamiento que ellos, según él, merecen a la hora de dialogar. En respuesta, Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno, reiteró que ellos tienen tratamiento político y por ese motivo están realizando los diálogos para buscar una salida al conflicto. Incluso, aseguró que ese proceso será distinto al realizado con las extintas Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos.
“Es probable que haya esa molestia, la han manifestado, pero se les ha planteado que hay un trato diferencial como lo es obvio, al nombrar una Comisión representativa de muchos sectores de la vida nacional (...) El ELN en la voz de Antonio García no quiere repetir el proceso con las Farc, quieren marcar diferencias”, sostuvo Patiño en diálogo con Caracol Radio el 9 de febrero, días antes de iniciarse el segundo ciclo de diálogos.