El expresidente y líder del partido Liberal, César Gaviria, hizo un análisis y realizó algunas advertencias sobre la reforma a la salud que radicó el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República el 13 de febrero. A través de un documento llamado No permitiremos que arrasen el sistema de salud —que fue publicado en Twitter— el expresidente Gaviria puso en conocimiento de la opinión pública sus reparos a la reforma.
“Este proyecto de ley no solo crea la estructura organizativa mínima necesaria del sistema para permitir la construcción de estas áreas, sino que además genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación”.
De acuerdo con el expresidente Gaviria, las principales fallas y riesgos del proyecto en lo respectivo a la estructura de gobernanza son: “Parálisis en la conducción estratégica y táctica del sistema de salud, politización de las decisiones técnicas de salud, inestabilidad en la operación del sistema de salud, creación de un aparato burocrático con claras duplicidades en sus funciones que entorpecerá las decisiones; ineficiencias del Estado y el sistema de salud y costos administrativos redundantes”.
En lo que respecta a los posibles efectos de la reforma en la prestación de salud privada, el expresidente Gaviria advirtió que “existe un riesgo importante de que se accione un proceso de mediano plazo que limite la supervivencia de la actual prestación de servicios de salud por parte del sector privado”.
Según argumentó Gaviria, esto puede darse “debido a que toda la precaria estructura de gobernanza sobre la operación del sistema sería estatal, esta puede gestionar la expansión hospitalaria pública, garantizando su demanda y presupuestos futuros, en detrimento de la prestación por el sector privado, sin un incentivo o sujeción a indicadores de calidad o preferencia de los usuarios”.
Sobre la ausencia de mecanismos de gestión integral del riesgo en salud, desde el Partido Liberal Colombiano señalan que se requiere “conformar adecuadamente la red de servicios y profesionales; acompañar al paciente a lo largo de toda la ruta de atención; coordinar a los distintos agentes clínicos y administrativos; proyectar los riesgos futuros y/o posibles complicaciones de los individuos, las comunidades y la población; garantizar que la atención en salud sea la mejor posible y basada en la evidencia; promover la eficiencia en el uso de los recursos para garantizar la sostenibilidad y garantía del derecho fundamental, y contar con los recursos logísticos y tecnológicos necesarios”.
Estas recomendaciones se hicieron, pues para el partido, “desafortunadamente, el proyecto de reforma no genera una estructura capaz de gestionar los riesgos de los individuos y la población de forma inteligente, en sus distintas dimensiones y presenta una visión reduccionista y limitada de un sistema de referencia de pacientes entre centros hospitalarios”.
También advirtieron que esta instancia de coordinación tiene funciones de evaluación de las redes, que a juicio de los liberales, una duplicidad de funciones de los demás cuerpos colegiados creados por la reforma.
Los liberales también anotaron que hay elementos generales en la reforma que no están y que deberían estar:
- No se determina la duración del periodo de transición, lo que puede llevar al sistema a un escenario de incertidumbre severa paralizando a los agentes y afectado su funcionamiento y la garantía del derecho fundamental a la salud.
- No existe un cálculo de recursos físicos, de talento humano y financieros necesarios para generar las nuevas capacidades en la ADRES y las estructuras estatales por crear. Esto es una limitación crítica para evaluar la viabilidad de todo el proyecto.
- El proyecto de ley no establece una hoja de ruta, hitos e indicadores para el periodo de transición hacia el nuevo sistema, una condición mínima para la planeación de cualquier política pública y que está sujeto a robusta jurisprudencia en la materia.
- El nuevo arreglo institucional estatal derriba los incentivos a la calidad y eficiencia del actual sistema de salud y no implementa nuevos incentivos al respecto. Este nuevo modelo incentiva el gasto desmedido en salud con pocos controles, además de la imposición de un manual tarifario cuya viabilidad de construcción es poco realista en el corto plazo, considerando que existen más de 30 mil códigos de medicamentos y aproximadamente 14 mil códigos de procedimientos registrados.
Como no todo puede ser malo, los liberales anotaron que hay dos “aspectos positivos generales del proyecto sobre los cuales construir”. Estos son:
- El proyecto de ley busca generar mayores niveles de accesibilidad y efectividad mediante el enfoque de salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Se sugiere revisar la conformación de los equipos de atención primaria para hacerlos más eficientes (con la generación de promotores de la salud, etc.).
- El proyecto de ley busca el mejoramiento de las condiciones laborales y de formación continua de los trabajadores de la salud, lo cual es una necesidad imperante. Se sugiere la convocatoria y la armonización de los planteamientos con el Ministerio de Educación”.
El documento completo se puede leer a continuación: