Reforma a la salud: estas son las recomendaciones de los gremios médicos

Mediante un comunicado, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico de Cundinamarca, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), el Colegio Médico Colombiano y la Federación Odontológica Colombiana, entre otras asociaciones gremiales, expresaron sus opiniones respecto al proyecto de ley de reforma al sistema de salud en Colombia que impulsa el gobierno de Gustavo Petro y que está en trámite en el Congreso de la República.

En el documento señalan los puntos que comparten con la reforma y las dudas que le generan la misma. En primer lugar, resaltan la necesidad de llevar a cabo una reforma, pues para ellos el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud “necesita de una Reforma que permita avanzar en el goce efectivo de este derecho fundamental”.

Por consiguiente, destacaron la intención del proyecto de fortalecer la Atención Primaria Integral en Salud (APIS) y la red pública de servicios de salud, sobre todo en las zonas con población dispersa.

De igual forma, saludaron la conformación del Consejo Nacional de Salud, aunque consideraron que para ser más operativo debería tener un número menor de consejeros y que se reevalúe su conformación. Igualmente, se mostraron de acuerdo con la creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud.

A pesar de mostrarse de acuerdo con varios puntos de la reforma, también plantearon algunas inquietudes sobre riesgos en el sistema planteado para garantizar el derecho a la salud.

En primer lugar, ven una “proliferación de entidades con funciones superpuestas”, que serían “tres nuevas entidades del orden nacional, más el fortalecimiento de tres ya existentes, 21 entidades regionales, sumadas a seis entidades por cada territorio (más de 60) que deberán hacer contratación con las IPS, auditoría, revisión de cuentas y flujo de recursos, además de otras múltiples actividades”. Esto generaría, para los firmantes, colisión de competencias, que generaría “riesgo de inoperancia, riesgo de cooptación política regional y desvío de recursos”.

Además, si bien coinciden en que la ADRES debe universalizar el giro directo a los prestadores, advierten que esta entidad no está en capacidad técnica, ni tiene la experticia para asumir nuevas funciones, además de algunas actividades que desarrollan las EPS, lo cual afectaría el servicio.

También indican que la intención de crear siete redes distintas sin que se evidencie integración entre ellas genera “el riesgo de fragmentación, nuevas barreras de acceso y afectación en la integralidad de la atención”.

Así mismo, señalan que “no están claros cómo se obtendrán los recursos tanto financieros como de talento humano que se requerirán para la puesta en marcha de más de 2.500 centros de atención primaria (CAPIRS) que se propone adecuar o construir, más la constitución y puesta en marcha de cerca de 20.000 equipos médicos interdisciplinarios”.

Y señalan, por otra parte, que “los médicos y las demás profesiones de la salud en servicio social obligatorio son insuficientes para cubrir las necesidades de los EMIT (Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales) propuestos”. Además, cuestionan la idea de que los especialistas en formación sean trasladados a zonas periféricas, porque ello podrían interferir en su proceso de aprendizaje.

En otro punto expresan que “si bien se propone formalizar a los trabajadores de las categorías operativas (42.784) y apoyo (85.859), iniciando por niveles de atención, a un costo estimado de $9 billones para los primeros 4 años, no se precisan las fuentes para la sostenibilidad de tal incorporación en el largo plazo”.

De igual forma, se pone en duda la creación de comités de autorregulación médica en las IPS en los que se incluyen otros profesionales, comités de temas financieros, entre otros, lo cual vulnera “el principio mismo de la autorregulación que debe ser por pares profesionales”.

Y, advierten que “las sanciones penales y disciplinarias, enunciadas en el capítulo XVII del PL, además de carecer de unidad de materia, desconocen las actuales y vigentes instancias para los procesos éticos – disciplinarios para los profesionales de la salud”.

Finalmente, señalan que el documento de la reforma establece nuevas definiciones de salud que “no se ajustan con la evidencia científica global”. También evidencian un desestímulo a los trabajadores independientes con el fin de que se afilien a las CAPRIS y adquieran el derecho al Plan de Beneficios. Y advierten que no hay cifras de los recursos que necesitará el sistema en los próximos años.

Tampoco se evidencia un periodo de transición ni cómo se efectuará, y advierten que sobre este aspecto la reforma solo se enfoca en que las actuales EPS entreguen sus afiliados a los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva (CAPIRS).

“No obstante, en el punto 3 de este artículo, en el segundo párrafo, se anota que se hará un proceso de territorialización de las EPS, ¿Indica esto que las EPS continuarán en las áreas concentradas donde puedan organizar Redes Integradas de Servicios de Salud (RIIS)? ¿Por cuánto tiempo?”, se preguntan los médicos.

La Academia advierte también un riesgo de doble trámite en el traslado de millones de usuarios. Por último, señalan que no hay un plan para evitar la corrupción y la cooptación de instituciones del sector por parte de agentes externos.