Esta semana se dio a conocer el concepto de la oficina jurídica de la Presidencia que deja en claro, el trato que recibirán los grupos que se reconocen como disidentes de las extintas Farc. En su momento, muchos sectores cuestionaron que se llevará un acuerdo con dichos grupos, teniendo en cuenta que con la terminación del grupo central, que dejaron las armas oficialmente en el 2016, estos sectores residuales perdían su connotación política, que es lo que les daría un trato diferencia.
En este sentido, desde la presidencia se hizo una diferencia entre lo que consideran disidencias y desertores, en este caso y bajo este concepto tanto ‘Iván Márquez’, como el grupo que lidera la Segunda Marquetalia tendrían que acogerse a la ley de sometimiento. Sin embargo, esto ya comenzó a generar ruidos en algunos sectores, en este sentido, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda y Diego Martínez, exasesor jurídico del proceso de paz en La Habana, salió en defensa del sector desertor y aseguraron que debería dársele el mismo trato que al grupo denominado Estado Mayor de las FARC, que en los próximos días iniciaría conversaciones.
En el caso del senador, que también es representante del Gobierno en la mesa de negociaciones que se está llevando a cabo con la guerrilla del ELN, recordó sus denuncias en el caso de “entrampamiento” que se habría dado en su momento contra Jesús Santrich y como esto habría hecho que Iván Márquez, incumpliera el acuerdo por falta de garantías, por lo que mencionó su completo desacuerdo.
“Expreso mi total desacuerdo con el concepto de la oficina jurídica de la Presidencia que impide el tratamiento político del grupo “segunda Marquetalia”. He denunciado que en este caso se presentó un entrampamiento judicial que no justifica el rearme, pero sí un diálogo político”, anotó en su cuenta oficial de Twitter en la mañana de este 21 de febrero.
Por su parte, y en la misma línea que el congresista, Martínez mencionó en una entrevista con la W Radio que:
“El Gobierno tendrá que ponerse de acuerdo con cuál es la política porque uno no puede estar diciendo que habrá procesos de paz con unos sí y con otros no, eso traería un grave problema si uno mira la seguridad nacional. Negociamos con unos y con otros no ¿cuál es la consecuencia de esto? fortalecer otro grupo”.
Recordemos que con el documento firmado por la presidencia, el grupo que se apartó de los acuerdos de la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, al no haber firmado el documento, seguirían rigiéndose bajo un carácter político e independiente, por lo que como disidentes tendrán la posibilidad de llevar a cabo un diálogo similar al que hoy se está llevando con la guerrilla del ELN.
“Sea del caso precisar que no se puede confundir el término disidentes con desertores, pues en cada caso hay un tratamiento distinto: los disidentes son las personas que NO firmaron el acuerdo final de paz (ejemplo: el Estado Mayor de las FARC), pero como son rebeldes e insurgentes, bien pueden acogerse al proceso de paz, dado su estatuto político, y por ende con ellos, se puede llevar a cabo diálogos, negociaciones y acuerdos”, se lee.
Mientras que en el caso de los desertores, el caso más cercano sería el de alias Iván Márquez y su grupo armado que, tras firmar el acuerdo de la Habana y estar en el Congreso un tiempo, volvió a la criminalidad.
“No sucede lo mismo con los desertores, en tanto estas personas sí firmaron el acuerdo de paz, pero lo traicionaron y volvieron a las armas (ejemplo, la ‘Segunda Marquetalia’). En estos casos, estas personas pueden acogerse a las reglas del sometimiento a la justicia para obtener los beneficios que la ley otorgue por desmantelamiento y delación, de modo que la sociedad y ellos mismos, puedan pagar sus responsabilidades penales de una manera eficaz tanto para ellos mismos como para la sociedad”, escribió y especificó el Gobierno.