El fiscal Francisco Barbosa criticó el sistema judicial colombiano: “Permite que los casos terminen en preclusión”

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a la liberación de Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, que fueron señalados en 2019 de haber perpetrado el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional.

La libertad fue concedida a estas cinco personas por el juzgado 61 de Conocimiento de Bogotá debido a vencimiento de términos. Por ese motivo, el fiscal señaló en diálogo para la emisora Blu Radio que el sistema judicial del país está diseñado para que este tipo de casos precluyan.

De todas maneras, aprovechó el espacio para elogiar su propia gestión al frente de la entidad, destacando que se han logrado sentencias condenatorias con rapidez, como la del caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

“En 20 días capturamos a las personas y a los 25 días aceptaron cargos. Al mes ya tenían sentencia condenatoria. Lo que he dicho es que tratemos de lograr rápidamente la prueba para que la gente acepte cargos y logremos sentencias anticipadas”, dijo.

Cabe recordar que el juez de Conocimiento sentenció que los acusados por el atentado en la Escuela de Cadetes se debían dejar en libertad porque ya se habían superado los tiempos (527 días) para que se iniciara un juicio en su contra. Se les sindicaba de los delitos de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, terrorismo, financiamiento al terrorismo.

Solo hay una persona en detención intramural y sentenciada por este atentado terrorista que se adjudicó el ELN (Ejército de Liberación Nacional): Ricardo Andrés Carvajal, quien se encuentra pagando una pena de 46 años desde mayo de 2022.

A Carvajal se le sentenció por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.

Ese 17 de enero de 2019 perdieron la vida 22 estudiantes cuando una camioneta Nissan Patrol, cargada con 80 kilogramos de pentolita, se saltó los controles para detonar cerca de un grupo de jóvenes de la compañía Juan María Marcelino Gilibert.

El vehículo era conducido por un miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, posterior a las investigaciones, fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez. Él habría recogido la camioneta en una bodega alquilada días antes por Ricardo Andrés Carvajal, para armar el carro bomba, otro hombre implicado en el hecho.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, “fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostraron que Carvajal Salgar pagó el arrendamiento de la bodega, ubicada en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada para cometer el atentado, el 17 de enero de 2019″.

Desde entonces, varias personas han sido capturadas por estar presuntamente implicados en el atentado, pero, algunos de ellos han declarado ser falsos positivos de la justicia, en su afán por encontrar culpables.