Café del Mar, uno de los bares más famosos de Cartagena, tendría que cerrar por un fallo del Consejo de Estado

Un fallo del Consejo de Estado podría generar el cierre de Café del Mar, uno de los establecimientos más populares de Cartagena. El restaurante, a cielo abierto, está ubicado en el Baluarte de Santo Domingo y, según el fallo publicado el 21 de noviembre del 2022, tendría que finalizar sus actividades. La sentencia fue notificada el 25 de enero a la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), el representante del Ministerio de Cultura ante esa ciudad.

“A la Etcar, o autoridad competente, la terminación y liquidación, en el estado en que se encuentre, del contrato de arrendamiento sobre el Baluarte de Santo Domingo, así como de cualquiera de la misma tipología que recaiga sobre dicho inmueble, dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia”, se lee en el documento.

El fallo le ordena a la Etcar que se realicen estudios para establecer la administración directa del espacio o la entrega del mismo a un particular. La sentencia, es de destacar, es la respuesta a un proceso que lleva ya nueve años y que comenzó por una acción popular interpuesta por parte de un ciudadano identificado como David García Gómez. El hombre, que tomó la acción legal en contra de la Nación, argumentó su decisión por “por la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación”.

El establecimiento, es importante resaltar, ocupa 1.550 metros cuadrados del baluarte de Santo Domingo desde hace unos 20 años. Esto genera molestia entre algunos ciudadanos porque el baluarte hacer parte de una estructura elevada para la guerra. El espacio, entonces, argumentan quienes están en desacuerdo con la ocupación de Café del Mar, es importante para la historia de lo ocurrido durante la conquista y defensa de Cartagena.

En una entrevista con el diario El Tiempo, el fundador de ese negocio, Carlos Sánchez García, evidenció la tristeza que siente por el fallo, pues, según él, a lo largo de los años, ha generado empleos y experiencias de valor para residentes y turistas. “Todos estos años hemos dado trabajo formal a los cartageneros y hoy tenemos 80 empleados por contrato directo, con todas las garantías de ley, y cientos de proveedores”, comentó en su conversación con el periódico nacional.

“En el año 2002 pasé un proyecto para trabajar en el baluarte, el cual fue aprobado por la sociedad de mejoras públicas que era responsable de los monumentos. Era una época en la cual no había plan de manejo de monumentos y me alquiló el baluarte con la bóveda que está en la parte de abajo”, explicó al revelar que los primeros arriendos que pagó alcanzaron una cifra de $2′700.000 mensuales.

Hacia el año 2012, el Ministerio de Cultura le entregó a él el manejo del baluarte. “Me reuní en el año 2012 con el director de la época, el arquitecto restaurador Germán Bustamante, y a él le pareció bien que nosotros siguiéramos manejando el fuerte, así que firmamos un nuevo contrato, ahora con la Etcar, y revalidamos lo acordado con la sociedad de mejoras públicas. El contrato inicial era por dos años renovables, pero luego se hizo anual”, añadió en su conversación con El Tiempo. Ante esas nuevas condiciones, el arriendo llegó a $5′028.000 mensuales.

Dos años después de esto, en el año 2014, un vecino del establecimiento presentó una acción popular en contra de la nación y del bar bajo la justificación de la supuesta violación “de los derechos colectivos al patrimonio público y en defensa del patrimonio cultural de la Nación”.

“Los contratos de arrendamiento suscritos con la sociedad Café́ del Mar Ltda., sobre el Baluarte Santo Domingo fueron celebrados sin concurrencia plural, sin factores claros de selección objetiva, a precios irrisorios y, además, han conllevado limitaciones ilegales para el uso público”, se lee en el recurso interpuesto por el ciudadano. El Tribunal Administrativo de Bolívar respondió a través de un fallo emitido en agosto del 2019. En él se ordenó crear un comité para revaluar los costos de arrendamiento, por lo que terminó aumentando a $12′900.000 mensuales.

En abril del 2022, la Etcar entregó a la gerencia del lugar un proyecto de valoración en el que se exponía el precio del uso del baluarte. En el documento se comentó que por cada metro cuadrado usado se debería pagar $38.140, lo que equivaldría, en total, a $ 96.844.000.

Respecto al último fallo, Sánchez García pide: “Que me expliquen si podemos seguir, y si vamos a tener prioridad o no, porque no es solamente cerrar un negocio de dos décadas, con clientes fieles, con 80 empleados directos y sus contratos de trabajo, proveedores, familias que han creado emprendimientos para suministrarnos alimentos y bebidas, Tengo que advertirle a la gente con claridad lo que se viene para todos en la cadena del negocio”.

“Somos los administradores de esa propiedad de la Nación, debemos cumplir el fallo y no hay ningún recurso de apelación desde nuestro despacho. Lo que viene para nosotros es cumplir dicha sentencia”, comentó, por su parte, Rafael Cuesta, director de la Etcar.