Una nueva decisión fue tomada desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), inspeccionar archivos de inteligencia y contrainteligencia de una extinta Brigada del Ejército Nacional, para poder esclarecer el caso 06 del tribunal de paz: victimización de miembros de la Unión Patriótica.
La decisión se da tras una solicitud del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, para ponerle medidas de protección a los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la extinta Brigada 20 del Ejército. En la solitud se indica la posibilidad de destrucción o daño de estos documentos por lo que desean tener acceso a la información en nombre a los derechos de las víctimas.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAC), otorgó al despacho del magistrado Raúl Eduardo Sánchez, la facultad de encabezar la inspección.
La Brigada 20 del Ejército Nacional, fue desmantelada en 1998 por varios señalamientos y violaciones a los derechos humanos, algo señalado inclusive por los norteamericanos. Es por tal punto que para el tribunal de paz es de suma importancia tener los archivos desde 1985 hasta 1998.
De igual manera desde la JEP fue resaltado que contaran con diez días hábiles para poder entregar un informe del estado de los documentos que están en el archivo general del ministerio de Defensa, además de realizar la respectiva copia. Pese a que desde el colectivo José Alvear deseaban que los informes adquirieran el estatus de archivos de derechos humanos la seccional consideró que no se cuenta con el material probatorio suficiente para esta decisión.
Procuraduría solicita a la JEP mayor aporte del general Mario Montoya
El procurador delegado, Jairo Acosta Aristizábal, envió un documento a la Jurisdicción Especial para la Paz, en el cual, le solicitó a la entidad que le pida al general Mario Montoya Uribe profundizar sobre su participación en los hechos ocurridos mientras ocupaba roles superiores como comandante en el Comando Conjunto del Caribe y la comandancia del Ejército Nacional.
El llamado se hizo en medio del macrocaso 003, en el que se espera garantizar la verdad plena a las víctimas en los asesinatos y desapariciones forzadas, presentados como bajas en combate por agentes del Estado en el departamento de Antioquia.
En el documento, según el procurador Jairo Acosta, tanto para él como para las víctimas, hay insatisfacción frente al aporte a la verdad entregado por Montoya Uribe en temas como el conocimiento del fenómeno, la presión a las tropas por la entrega de resultados en operaciones y los criterios de medición entre unidades.
“Hay contradicciones en el relato aportado y, haciendo una contrastación liviana, sujeta a corroboración, con la información acopiada dentro del macro caso 003 en diversos subcasos, es viable identificar algunas faltas con la verdad relacionadas por lo menos con el conocimiento directo del fenómeno; la presión, a todo nivel, por resultados operacionales del tipo baja en combate y la competencia o criterios de medición entre unidades”.
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