El proyecto de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro sigue su curso. Esta semana se comenzó hablando de las definiciones de los grupos que deben acogerse a la ley de sometimiento y los que puede comenzar una mesa de negociaciones. Al comienzo se creía que solo la guerrilla del ELN podría llevar a cabo un proceso de diálogo debido a su componente político, pero la administración incluirá a otros, en este caso los disidentes de las extintas Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.
De acuerdo con lo mencionado por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los próximos días se liberarán algunos de los cabecillas del grupo armado de las cárceles mediante la figura de gestores de paz y con estos durante 10 días se llevarán a cabo los inicios de los diálogos entre los disidentes y el Gobierno actual.
“Estamos esperando que algunas personas puedan ser, conforme a la Constitución y las disposiciones legales, excarceladas durante 10 días y suspendida su condición de privados de la libertad. Estarán en la reunión de esos mandos y regresarán a la cárcel”, señaló Rueda a los medios de comunicación.
Recordemos que de acuerdo con un documento firmado por la presidencia, este grupo que se apartó de los acuerdos de la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, al no haber firmado el documento, seguirían rigiéndose bajo un carácter político e independiente, por lo que como disidentes tendrán la posibilidad de llevar a cabo un diálogo similar al que hoy se está llevando con la guerrilla del ELN.
“Sea del caso precisar que no se puede confundir el término disidentes con desertores, pues en cada caso hay un tratamiento distinto: los disidentes son las personas que NO firmaron el acuerdo final de paz (ejemplo: el Estado Mayor de las FARC), pero como son rebeldes e insurgentes, bien pueden acogerse al proceso de paz, dado su estatuto político, y por ende con ellos, se puede llevar a cabo diálogos, negociaciones y acuerdos”, se lee.
Y hace una aclaración del trato que se le dará a los desertores, el caso más cercano sería el de alias Iván Márquez y su grupo armado que tras firmar el acuerdo de la Habana y estar en el Congreso un tiempo, volvió a la criminalidad.
“No sucede lo mismo con los desertores, en tanto estas personas sí firmaron el acuerdo de paz, pero lo traicionaron y volvieron a las armas (ejemplo, la ‘Segunda Marquetalia’). En estos casos, estas personas pueden acogerse a las reglas del sometimiento a la justicia para obtener los beneficios que la ley otorgue por desmantelamiento y delación, de modo que la sociedad y ellos mismos, puedan pagar sus responsabilidades penales de una manera eficaz tanto para ellos mismos como para la sociedad”, escribió y especificó el Gobierno.
Danilo Rueda habló sobre el papel de la Fiscalía y los jueces en el proceso de sometimiento de los grupos armados
El alto comisionado para la Paz, habló con El Tiempo sobre el proceso y explicó algunos de los puntos: desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto; cárcel efectiva para estas personas, menos tiempo de privación efectiva, pero con privación de libertad en la cárcel; justicia ordinaria y compromisos de entregar información, reparar a las víctimas; entrega de los bienes y desmantelación de las organizaciones delictivas.
Durante su intervención en el espacio periodístico, dejó en claro que, pese a que el Gobierno se encuentra impulsando este proceso que permitiría la dejación de armas de muchos de los grupos que hoy se encuentran atentando contra la seguridad del país y reproduciendo el delito de narcotráfico, el papel de la rama judicial es fundamental para que este proceso sea exitoso.
Para comenzar, Danilo Rueda explicó que, en cuanto a los años de condena, su referente fue la ley 975 del 2005, que se habló para la desmovilización de los paramilitares, que en ese momento agrupaban en las AUC. En este sentido, su propuesta es que los que reconozcan sus delitos podrían pagar de 6 a 8 años, además de 4 años adicionales de vigilancia de un ejercicio de restauración de los daños causados. En esta misma línea, el alto comisionado para la paz hizo énfasis en que estos miembros y grupos deben seguir un proceso.
“Si los miembros de estas estructuras desean sujetarse a la ley y aportar en la consecución de estos objetivos, tienen que iniciar un proceso de varias fases, que están contemplas en esta ley. La primera de ellas es el acercamiento y conversaciones, esta fase la lidera la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; posteriormente, les corresponde actuar en derecho a la Fiscalía y el sistema judicial en su conjunto”, anotó Rueda al diario colombiano.
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