Sobre las horas de la tarde del 20 de febrero de 2023, la jueza 39 municipal de control de garantías de Medellín ordenó la medida de aseguramiento de casa por cárcel en contra de la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y de Lina María Gil, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.
La decisión tomada por la autoridad competente se generó por presuntas irregularidades en contratación del programa distrital de Buen Comienzo y por paquetes alimentarios. Esta orden se conoce tras 20 horas de audiencia.
También estableció que Agudelo sea separada del cargo, debido al riesgo de reiteración.
La audiencia que su cumplió entre el lunes, jueves y viernes, de la semana del 13 al 17 de febrero, contó con la intervención de la fiscal y los tres abogados defensores, incluyendo al de Henry Paulison Gómez a quien la jueza no concedió la petición del entre acusador.
El veredicto señaló a los imputados por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento legales, interés indebido en la celebración de contrato, por apropiación en tentativa y peculado por apropiación consumado en favor de terceros conforme a las presuntas irregularidades en dos contratos de 2020: el 4600085448 para hacer entrega de paquetes alimentarios a población escolar y el 460008518 destinado para atender la modalidad familiar del programa Buen Comienzo.
Estos contratos fueron suscritos entre la entidad Distrital de Educación de Medellín y la Corporación Colombia Avanza, según lo destacado por el ente judicial en los dos contratos se presentaron anomalías tales como una oferta que fue realizada a la medida por el contratista, sobrecostos y falta de idoneidad.
Ante la decisión tomada por la jueza, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció desde sus redes sociales, resaltando que “Hoy quedó claro que no se perdió un peso. Durante el proceso nuestra secretaria aclarará cualquier interrogante adicional sobre este tema. Respetamos las decisiones de los jueces”.
Así se llevó la audiencia
Fueron tres días de trabajo para esclarecer los hechos que se estaban investigando en los que finalmente se escucharon los argumentos de la defensa, que insistió que la funcionaria pública no tenía responsabilidad alguna sobre el acto de corrupción.
Tanto la Procuraduría como la Fiscalía solicitaron la medida de aseguramiento para los tres imputados, quienes habría llegado a establecer acuerdos para que Colombia Avanza se quedara con dos contratos de la entidad de Educación. Por lo anterior, las entidades solicitaron aseguramientos para Agudelo y Lina María Gil.
El abogado Santiago Trespalacios afirmó que no existían elementos suficientes para establecer una medida de aseguramiento contra la funcionara responsable de la Secretaría de Educación.
Por su parte, el abogado defensor de Alexandra Agudelo argumentó que en los contratos por los que se señaló a la funcionaria no evidenciaba ninguna irregularidad. A su vez, sostuvo que los audios presentados por el ente acusador no tenían relación alguna con la secretaria.
“Las pruebas en contra de Alexandra para justificar los fines brillaron por su ausencia, porque se pretende aplicar unas conversaciones en las que no participa y no tienen ninguna relación con ella, se pretende endilgarle a ella situaciones sobre las que no tiene control”, dijo Trespalacios en una de sus intervenciones.
El viernes 17 de febrero, la jueza tomó la decisión de aplazar la audiencia para analizar con mayor detenimiento y rigurosidad las pruebas dadas a conocer durante el proceso. “Yo también debo encargarme de los temas constitucionales del juzgado y revisar estos elementos que dan traslado las partes para poder tomar la decisión”, añadió.
El 20 de febrero de 2023, la jueza tomó la consideración de la Fiscalía y la Procuraduría de la medida solicitada de aseguramiento de casa por cárcel. Esta decisión se conoció tras considerar que tanto Agudelo como Gil representarían riesgo de reiteración de las conductas cometidas.
Finalmente, en el caso de Henry Paulison Gómez este renunció a su cargo de representación legal de la Corporación Colombia Avanza y se espera un análisis personal por parte de las autoridades competentes para esclarecer su actuar en los contratos.