En la mañana del 20 de febrero, el juzgado 61 de Conocimiento de Bogotá concedió la libertad a cinco investigados por el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional (en el sur de la capital colombiana) por “vencimiento de términos”.
Las cinco personas que quedaron en libertad por este hecho son Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, quienes en su momento fueron señalados de planear y ejecutar el ataque terrorista el 17 de enero de 2019.
El juez de Conocimiento resaltó que se debían dejar en libertad a los presuntos implicados pues ya se habían superado los tiempos (527 días) para que se iniciara un juicio en contra de estas cinco personas.
A estas personas se les sindicaba de los delitos de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, terrorismo, financiamiento al terrorismo.
Cabe señalar que solo hay una persona en detención intramural y sentenciada por este atentado terrorista que se adjudicó el ELN (Ejército de Liberación Nacional): se trata de Ricardo Andrés Carvajal, quien se encuentra pagando una pena de 46 años desde mayo de 2022.
A Carvajal se le sentenció por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.
Ese 17 de enero de 2019 perdieron la vida 22 estudiantes cuando una camioneta Nissan Patrol, cargada con 80 kilogramos de pentolita, se saltó los controles para detonar cerca de un grupo de jóvenes de la compañía Juan María Marcelino Gilibert.
El vehículo era conducido por un miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que posterior a las investigaciones, fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez. Él habría recogido la camioneta en una bodega alquilada días antes por Ricardo Andrés Carvajal, para armar el carro bomba, otro hombre implicado en el hecho.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, “fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostraron que Carvajal Salgar pagó el arrendamiento de la bodega, ubicada en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada para cometer el atentado, el 17 de enero de 2019″.
Desde entonces, varias personas han sido capturadas por estar presuntamente implicados en el atentado. Sin embargo, varios de ellos han declarado ser falsos positivos de la justicia, en su afán por encontrar culpables.
Sin embargo, se cree que la orden vino de Wilson Arévalo Hernández, alias “Chaco” y financiada por empresas fachada en el sector de los lácteos:
“La contundencia del material probatorio, recaudado por un fiscal, permitió que un juez de la República condenará a 3 personas y las declarara responsables de lavar millonarios recursos, en favor de Wilson Arévalo Hernández alias Chaco, presunto integrante del ELN investigado por la explosión de la camioneta bomba en la escuela de cadetes de la Policía Nacional general Francisco de Paula Santander, el 17 de enero del 2019. Los condenados aceptaron que como representantes de empresas de quesos y otros derivados lácteos ocultaron y movieron altas sumas de dinero producto de las actividades ilícitas del frente de guerra Oriental del ELN”, Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía General.
Después del atentado, las familias de 6 de las victimas demandaron al Estado colombiano por 8.000 millones de pesos, argumentando que la Escuela debía garantizar la seguridad de los cadetes que se preparaban para convertirse en oficiales.
Pese a esto, las audiencias, alegatos y demás procesos administrativos continúan y los expertos dicen que podrían pasar hasta 20 años, en el peor de los escenarios.