Gobernadora del Valle del Cauca y 40 alcaldes piden al presidente Petro y al ministro de Defensa hacer respetar el cese al fuego con las Disidencias

La violencia no cesa en el Valle del Cauca y, de acuerdo con algunas versiones oficiales, detrás de muchos de los ataques que fueron perpetrados en los últimos días, estarían las Disidencias de las FARC, pese a que actualmente existe un acuerdo bilateral de cese al fuego. Por esta razón la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y 40 alcaldes del departamento enviaron una carta dirigida presidente, Gustavo Petro, y al ministro de defensa, Iván Velásquez, en el que rechazan contundentemente los actos violentos que se viene presentando y piden respetar el acuerdo.

La carta que fue publicada por la gobernadora del Valle del Cauca, denuncia que algunos de los acuerdos a los que llegaron las Disidencias de las FARC, Jaime Martínez y Adán Izquierdo, con el Gobierno nacional, están siendo incumplidos y los 40 mandatarios locales exigen que se respete el cese bilateral al fuego. Los actos violentos en el departamento se vienen incrementando en las últimas semanas y esto ya puso en alarma a las autoridades.

Clara Luz Roldán manifestó que “los recientes hechos de violencia en el Valle del Cauca, que al parecer son atribuidos a las disidencias de las Farc nos ha llevado junto con 40 alcaldes de la región a solicitar al Gobierno nacional hacer respetar el cese bilateral al fuego acordado con estos grupos armados”.

En la misiva, la gobernadora y los alcaldes puntualizan que rechazan, “de manera vehemente los hechos graves de violencia y hostigamiento que se vienen presentando en diferentes zonas de nuestra región como los ocurridos en las últimas horas en zona rural del municipio de El Cerrito, donde dos hombres y una mujer fueron asesinadas, al igual que la situación presentada en la zona alta de Jamundí, en donde un contratista que prestaba servicios a la empresa Celsia fue secuestrado”.

En la carta publicada los dirigentes resaltan que los casos mencionados se estarían, “presuntamente relacionados con grupos armados organizados autodenominados como disidencias de las extintas FARC “Adán Izquierdo” en el caso de El Cerrito y “Jaime Martínez” en el caso de Jamundí”. Posteriormente se puede leer que estos actos violentos, “constituyen una flagrante violación al cese al fuego acordado entre estos grupos y el Gobierno Nacional en la búsqueda de la Paz Total”.

En la misiva hacen un llamado al Gobierno Nacional encabezado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro; al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con el fin, “que se haga respetar el acuerdo del cese bilateral al fuego”. Exigen que “cesen los hostigamientos contra la población civil” y denuncian el reclutamiento de menores de edad para estos grupos armados.

“Desde el Valle del Cauca estamos dispuestos a seguir combatiendo la criminalidad de manera decidida como lo hemos venido haciendo a través del plan de apoyo complementario a la Fuerza Pública a través de la bolsa de recompensas, aumento de las capacidades técnicas y tecnológicas y todos los esfuerzos para preservar la seguridad de nuestra población con el apoyo del Gobierno Nacional”, concluye la misiva.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, estuvo presente en el municipio de Vista Hermosa y allí realizó un Consejo de seguridad junto a las autoridades con el objetivo de combatir las acciones criminales y los actos violentos. “Las Fuerzas Armadas tienen el deber, la responsabilidad, en protección de las personas, del territorio, de las actividades de la población, enfrentar esos delitos con toda la legitimidad”.

El jefe de cartera de Defensa también se refirió a las Disidencias de las FARC y fue enfático en señalar que, “el cese al fuego no es una licencia para traquetear”, tal como lo mencionó el presidente Gustavo Petro hace algunos días.

Luego el ministro, desde Tarazá, Antioquia, resaltó que está en marcha el mecanismo “de verificación del cese bilateral al fuego con las disidencias, además señaló que, pese a que existe este acuerdo, las operaciones militares y policiales para proteger a la comunidad y en contra del narcotráfico, seguirán.

“Sin que nadie pueda afirmar que hay una violación del cese por parte de la Fuerza Pública, porque es inadmisible que siquiera pudiera entenderse que el cese al fuego signifique una permisión para que continúen realizando sus actividades delictivas”, afirmó.