A través de un pronunciamiento conocido el domingo 19 de febrero, el ELN confirmó que tiene en su poder al sargento primero Libey Danilo Bravo, retenido en Arauca en la noche del martes 14 del mismo mes.
El comunicado, emitido por el Frente de Guerra Oriental de esta guerrilla, ratificaron que ese día retuvieron al sargento viceprimero, adscrito al Batallón en el casco urbano del municipio Arauquita. Asimismo, dieron a conocer que, según ellos, “está recibiendo el trato que corresponde dentro del marco de los derechos humanos y de acuerdo a las realidades de la guerra que actualmente se vive en el departamento”.
Cabe resaltar que esta parte del Oriente colombiano tiene amplia presencia tanto del Ejército de Liberación Nacional —ELN— como de las disidencias de las extintas Farc, motivo por el cual las autoridades no descartaron que alguno de estos grupos hubiera sido el responsable de la retención del suboficial que se encontraba en servicio, como indicó Semana en su momento.
El ELN también señaló en su pronunciamiento que en los próximos días entregarán pruebas de supervivencia a la familia y hasta responsabilizaron a la fuerza pública por lo que le pueda suceder al sargento Bravo
Este secuestro se suma al ataque perpetrado contra tropas del Batallón Especial Energético y Vial N°1 que estaban realizando operaciones de control en la base militar El Jorobado, ubicada en zona rural de Arauquita. En esa acción armada, un uniformado resultó herido.
Además, la Fuerza de Tarea Quirón dio a conocer que los soldados fueron atacados con explosivos: “las tropas reaccionan, repelen el ataque, y en el desarrollo de la situación, uno de nuestros soldados queda aturdido por la onda explosiva y tendría una herida leve; inmediatamente es atendido por los enfermeros de combate, quienes lo estabilizan encontrándose fuera de peligro”, detalló la unidad.
Ambos ataques contra la fuerza pública se suman al registrado a principios de mes en Cali, cuando un soldado profesional fue asesinado por robarle su fusil. De acuerdo con la institución, el crimen fue cometido contra Cristian José Castillo Guevara en el Batallón Pichincha de esa ciudad.
Al respecto, el coronel Christian Rodríguez Fabra, segundo comandante de la Tercera Brigada, detalló que el soldado estaba adscrito al Batallón de Policía Militar N°3 en el Cantón Militar Pichincha, al sur de la capital vallecaucana. La investigación también arrojó que al fallecido lo atacaron desde afuera de la garita, pues se encontraba en su turno de centinela entre la noche del 2 y madrugada del 3 de febrero.
De igual forma, una versión apuntó a que el uniformado presuntamente fue atacado con arma blanca y luego, le robaron su fusil.
El secuestro de Bravo se registra en medio de otro violento hecho perpetrado el 6 del mismo mes: 12 hombres fuertemente armados secuestraron a tres funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el municipio Tarazá, Antioquia. Esto generó un cruce de declaraciones entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez y el fiscal Francisco Barbosa por el accionar de las Fuerzas Militares.
Primero, el organismo judicial había denunciado presuntas irregularidades por parte del Ejército y la Policía que habrían facilitado el secuestro de los funcionarios en esa región del país, razón por la cual la Procuraduría anunció la apertura de una investigación.
De acuerdo con lo expresado por Barbosa, a los fiscales secuestrados “los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”. Por ello, ordenó el cierre de la seccional de la entidad en Tarazá.
En respuesta, el ministro Velásquez afirmó que estos funcionarios “fueron montados a unos vehículos que transitaron, sin que hubiera ninguna observación o posibilidad de observación desde el exterior que se estuviera produciendo un secuestro”.