Petro envió como embajadores a Venezuela, Nicaragua, Chile y Argentina a cuatro políticos investigados en Colombia

A seis meses de que el presidente Gustavo Petro asumiera el poder, los escándalos de algunos de sus coequiperos han mojado la prensa nacional. Los cuestionamientos por haber designado a varios diplomáticos sin carrera, incumpliendo lo que había prometido en campaña, se suman a los escándalos que cuatro de ellos enfrentan. A continuación, un recuento.

El representante del gobierno Petro ante el régimen de Nicolás Maduro tiene varios líos con la justicia. Quizá el que más ha llamado la atención es el de presunto enriquecimiento ilícito, en el que la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación en su contra por no justificar el incremento de su patrimonio por valores de más de tres mil millones de pesos.

El otro caso que tiene sobre sus hombros fue en el que el mismo tribunal lo vinculó en el proceso de contratos para viviendas de interés social del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que tuvieron lugar durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando Benedetti era senador del Partido de la U. La entidad le habría entregado un contrato a esa colectividad como cuota burocrática. Recientemente, el embajador le pidió a la Corte que ya no lo investigue porque ahora es diplomático.

El exsenador barranquillero, además, enfrenta líos con las autoridades colombianas por presunto tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia.

El hoy diplomático antioqueño, que recientemente presentó sus credenciales ante el dictador nicaragüense Daniel Ortega, sigue vinculado a un proceso con las autoridades nacionales luego de que, en el 2018, ante de llegar por primera vez como representante a la Cámara, en el Congreso de la República, fuera capturado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín. De acuerdo con las autoridades, Muñoz llevaba 160 gramos de cocaína en su equipaje de mano.

El proceso, que según asegura el excongresista de Alianza Verde, corresponde a una persecución en su contra, sigue siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia.

El exprecandidato presidencial del Pacto Histórico, que tras quedar rezagado en la campaña presidencial saltó a la nación argentina para representar al gobierno de su jefe político, lo investigan desde el 2016 en Colombia, específicamente la Fiscalía General, por irregularidades que se presentaron en los contratos para comercializar bebidas alcohólicas cuando era gobernador de Nariño, entre 2016 y 2019.

El caso más reciente fue el del exsenador de la República que, no solo representará al presidente Petro ante su homólogo chileno Gabiel Boric, sino que a un día de que se conociera el decreto que lo oficiliazaba en ese cargo, la Fiscalía General de la Nación acusó a Ortega y deberá ir a juicio por presuntos hechos de corrupción que ocurrieron cuando fue gobernador del departamento del Cauca entre 2012 y 2015.

Según el escrito de acusación que dio a conocer el ente acusador, se trata del que celebró la administración de Ortega y la Fundación EDICOL, en el 2014, cuyo valor ascendía a los más de 2.600 millones de pesos. Este responde al folio N°1040 y serviría para remodelar el aeropuerto municipal López de Micay. Sin embargo, según las pruebas, el proyecto no tenía estudios verídicos y la ampliación de 200 metros de la terminal aérea presentaba varias irregularidades en las especificaciones como falta de licencias ambientales y la venia de la Aeronáutica Civil para adelantar esos procedimientos.

Una funcionaria de la carrera diplomática denunció que el actual embajador de Colombia en Panamá, Mauricio Baquero Pardo, la habría acosado sexualmente cuando el hoy diplomático era embajador en Singapur. La mujer señala que ha sido revictimizada durante la investigación y que las medidas tomadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores no han sido suficientes.