Los reclamos de la Creg y gremios por poderes que tendrá Gustavo Petro con los servicios públicos

“Queremos destacar la importancia de mantener un marco regulatorio que sea producto de una discusión técnica entre el Gobierno, los expertos de una agencia reguladora independiente, la academia, la industria, las organizaciones de usuarios y demás partes interesadas, que brinde la seguridad de que el sector se continuará desarrollando en un ambiente de intervención del Estado caracterizado por la expedición de reglas técnicamente justificadas y con visión de largo plazo, condición necesaria para vincular las nuevas inversiones que demanda el sector en el corto, mediano y largo plazo, sin afectar las siempre escasas finanzas públicas”, manifiesta Creg.

“Así las cosas, afectar las reglas definidas para asegurar la confiabilidad del sistema, que fue una de las lecciones que dejó la situación de desabastecimiento de la demanda en el período 1992-1993, pone en riesgo la atención de la demanda ante un evento crítico, lo que podría conllevar a situaciones de desatención de dicha demanda. En el mismo sentido se podría dar el caso, cuando se afecten mecanismos que coadyuvan a la confiabilidad, tal como la senda de referencia del embalse, la cual se desarrolló a partir de la experiencia en el manejo de los embalses en condiciones críticas”.

“Las tarifas de energía son estructuradas y son complejas de definir, por eso se debe estudiar, analizar y esa es su función, el presidente puede tomar decisiones sobre la cadena de prestación de servicio (...) En los últimos 30 años no nos hemos apagados, se ha aumentado la cobertura y se ha despolitizado el discurso. Las tarifas no pueden ser una decisión política, tienen que reconocer la ley, los gastos de operación y mantenimiento”, detalló en entrevista con Caracol Radio.

“Desde el análisis jurídico, considera la CCENERGÍA de la mayor importancia resaltar que el Proyecto de Decreto podría adolecer de vicios de legalidad (...) se puede concluir técnicamente que, un aspecto es la definición de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, y otro muy diferente la regulación de tarifas, la cual, no se comprende en el acto de delegación del ejecutivo, y por el contrario, fue una función que, dentro de las competencias constitucionales asignadas al legislador (Artículo 150 de la Constitución), le fueron asignadas con fuerza de ley a la CREG”, explicaron desde la Cámara Colombiana de la Energía.