Dos exalcaldes de Atlántico fueron condenados a más de 20 años de prisión por la Fiscalía

Esta sentencia tiene relación con un caso de corrupción en el municipio de Santa Lucía, en donde varios funcionarios habrían participado en la apropiación de 285 millones de pesos

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Dos exalcaldes del Atlántico fueron
Dos exalcaldes del Atlántico fueron enviados a prisión. Colprensa

Conforme a lo expuesto por el ente judicial, dos exmandatarios, un exsecretario de planeación y un individuo particular, fueron condenados a penas que oscilan entre los 25 y 26 años de prisión, tras hallarlos culpables en un hecho de corrupción que comprendía el manejo al menos 285 millones de pesos, los cuales estaban originalmente destinados a la atención de emergencias climáticas en la mencionada jurisdicción.

Gracias a los argumentos suministrados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Barranquilla se revocó la absolución de tres exfuncionarios de Santa Lucía Atlántico, quienes estaban relacionados con un grave caso de corrupción en esta municipalidad. Conforme a lo revelado por el ente investigador, las sentencias fueron las siguientes:

- 26 años y 10 meses de prisión para el exalcalde municipal Osvaldo Santana González.

- 25 años y 10 meses de prisión para el exalcalde Teodomiro Ariza Medina.

- 25 años y 10 meses de prisión para el exsecretario de Planeación de Santa Lucía, Alexander Cortés Polo.

- 9 años de prisión para Reiner Vicente Ravelo Brochero.

“Ante la contundencia de las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el magistrado a cargo del caso impuso condenas ejemplares”, añadió la Fiscalía.

El caso en cuestión

La polémica situación se remite a finales del año 2011, durante el fenómeno de La Niña que azotó fuertemente al norte del país, afectando gravemente al municipio de Santa Lucía. Teniendo en cuenta dicho contexto, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD) realizó un seguimiento del caso y determinó enviar una asistencia económica para los afectados.

“Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2011. La fuerte temporada de lluvias afectó a varios municipios de Atlántico, entre estos a Santa Lucía, y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre (UNGROD) destinó auxilios económicos de 1′500.000 para cada familia damnificada”, explicó la Fiscalía.

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación y los daños que dejó el temporal invernal, las autoridades naciones destinaron 379 millones de pesos para la ayuda de al menos 253 núcleos familiares. Se pretendía que con dicho dinero se repararan las estructuras malogradas y a su vez, cada familia pudiera abastecerse con elementos básicos para su cotidianidad.

La investigación

Luego de adelantar un seguimiento exhaustivo del caso, se determinó que el exalcalde Osvaldo Santana le ordenó a un particular ejecutar un censo poblacional, con el fin de constatar la cantidad total de damnificados por la ola invernal. Sin embargo, luego de obtener los resultados del mismo, se hallaron irregularidades con relación a las víctimas, las cuales no vivían en Santa Lucía, razón por la cual no se realizó la entrega de las ayudas económicas.

“La Fiscalía estableció que el exalcalde Santana González pidió al señor Ravelo Brachero realizar el censo de damnificados sin ser funcionario de la alcaldía municipal. Asimismo, constató en los registros que 63 familias realmente eran damnificadas y recibieron el subsidio; mientras que las otras 190 no vivían en el municipio o residían en Venezuela, por lo que los dineros nunca fueron desembolsados”.

Así las cosas, se pudo establecer que de los 379 millones iniciales, 285 quedaron en poder de las personas señaladas en este caso, quienes fueron imputados por varios delitos relacionados con corrupción.

“De esta manera, 285 millones de pesos quedaron en manos de los funcionarios vinculados. En ese sentido, fueron declarados responsables, según su participación, por delitos como falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, peculado por apropiación y prevaricato por acción”, añadió el ente judicial.

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