Capturado alias el “Gordo”, quien habría pagado a un coronel por encubrir minería ilegal

En una operación liderada por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, fue capturado en la tarde del miércoles 15 de febrero Néstor Mosquera Arboleda, alias el Gordo, identificado por las autoridades como uno de los patrocinadores de la minería ilegal en la región Medio Atrato, en Chocó. En ese sentido, era uno de los hombres más buscados en esa zona del Pacífico colombiano.

Con la captura del Gordo, la dirección de extinción de dominio del organismo de control ocupó más de 50 bienes que eran utilizados por la estructura criminal que lideraba “o estaban al servicio de las actividades delictivas que ejercía en deterioro de los recursos naturales”. Incluso, de acuerdo con las pesquisas realizadas en su contra, le habría entregado ocho millones de pesos a un coronel de la Policía Nacional, que ejerció también como comandante en Chocó y que fue capturado hace varios días.

Estos bienes habrían sido puestos a nombre de familiares y conocidos de integrantes de ese grupo de minería ilegal, y fueron ocupadas en operativos adelantados en Quibdó y Medellín. Además, los inmuebles y predios quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.

Concretamente, la Fiscalía también detalló, a través de un pronunciamiento, que de acuerdo con el material de prueba, le hacía pagos mensuales de ocho millones al coronel Clauder Antonio Cardona Cataño para que, aprovechando su poder como alto mando policial en Chocó, “le informara sobre las operaciones en contra de sus entables mineros”.

Por estas conductas, el mando policial fue imputado por los delitos cohecho y explotación ilícita de yacimientos. Según investigaciones, pudo estar relacionado directamente con esta y otras organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Al respecto, se presume que esos dineros recibidos por parte del Gordo fueron porque alertaba sobre operativos que iba a realizar la fuerza pública contra esa actividad ilícita.

El organismo judicial también detalló que Mosquera Arboleda fue presentado ante un juez de control de garantías junto con Jessika Paola Jordan Córdoba, que ejercía como la contadora y responsable de las labores administrativas del grupo criminal que lideraba el capturado. En ese operativo también fue capturado Javier Caicedo Valoyes, supuesto encargado “del traslado y comercialización del metal precioso obtenido”. Todos ellos fueron imputados por contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero, daño a los recursos naturales y ecocidio, cohecho y concierto para delinquir agravado.

En ese sentido, las autoridades también tratan de determinar si este delincuente tendría en su poder al menos cinco frentes mineros localizados en cercanía a afluentes y zonas forestales del Medio Atrato.

Este hecho se suma al adelantado por la Fiscalía también el 15 de febrero y en el cual fueron decomisados 22 bienes avaluados en 100.500 millones de pesos del Clan del Golfo. Estos predios estaban repartidos entre el Urabá antioqueño y Chocó; además, pertenecieron a alias Otoniel, Chiquito Malo, Tatareto, El Indio, Nicolás, Kiriki, Atilio, Marihuano, Pueblo y Julio Quemao, entre otros cabecillas.

El ente investigador explicó por medio de un comunicado que durante la captura de Darío Antonio Úsuga, —Otoniel— se lograron interceptar varias comunicaciones de esta cabecilla en las que se hablaba de un “fondo de guerra” y de su importancia para sostener el flujo de dinero ilícito y poder mantener así sus actividades ilegales.

Los predios, ubicados en zonas apartadas de Arboletes, Apartadó, Chigorodó, Necoclí y San Pedro de Urabá, así como en Acandí —Chocó—, estaban organizados estratégicamente para facilitar el tráfico de estupefacientes, de personas, y el acopio de dinero, armas y material de intendencia para algunas subestructuras del Bloque Central de Urabá, lo cual era fundamental para sus finanzas y estrategias militares.

Un grupo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, junto con topógrafos y expertos en otras disciplinas, en compañía de la Policía Nacional, se trasladaron hasta las zonas donde la organización criminal tenía injerencia y establecieron que aquellos bienes habían sido obtenidos por medio de recursos del narcotráfico y otras actividades ilegales.