La Nueva EPS, una entidad creada en 2008 que funciona con una mezcla de capital público y privado, responsable de atender a más de 10 millones de afiliados (4,7 millones del régimen contributivo y 5,3 millones, del subsidiado), cumpliría un papel protagónico al convertirse en el gigante del modelo propuesto por el Gobierno, mientras se realiza la transición entre el actual sistema de salud y el pretendido en la reforma.
Según lo estipulado en el texto, esta entidad recibiría a millones de afiliados que tendrían que entregar otras EPS que estén en riesgo medio o alto de liquidación y en los territorios donde no queden habilitadas para operar. De esta manera, la Nueva EPS pasaría a tener alrededor de 11,5 millones de afiliados, al sumar los que hoy pertenecen a Sos, Famisanar, Comfaoriente, Comfachocó, Capresoca, Capital Salud, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y Ecoopsos.
“En los territorios donde no queden Entidades Promotoras de Salud, la Nueva EPS, asumirá preferentemente el aseguramiento o, en su defecto, lo harán aquellas Entidades Promotoras de Salud con capacidad de asumir la operación en esos territorios. Para el reordenamiento territorial de los afiliados durante la transición, la Nueva EPS o las EPS existentes podrá asumir los afiliados de Entidades Promotoras de Salud liquidadas o en incapacidad de atender a sus afiliados”, se puede leer en uno de los artículos de la reforma.
Además, la Nueva EPS estaría encargada de contratar a Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS) para que desde allí los pacientes sean remitidos a otros centros de mayor complejidad en caso de ser necesario. Para ello, la entidad tendría que adscribir a los usuarios a esos centros.
De igual forma, según dice el texto, esta entidad estaría encargada de contribuir “con la organización de la prestación de los servicios de salud” y facilitar “su infraestructura en cada territorio”, así como de la inscripción de la población en varias zonas del país.
Es tal la importancia de la Nueva EPS en el nuevo sistema propuesto por el Gobierno nacional, que entre las facultades especiales que pide el proyecto para el presidente Gustavo Petro está la de “dictar las disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS en el periodo de transición, así como dictar las disposiciones orgánicas que corresponda para su adecuada operación”.
“Si Nueva EPS recibe el traslado de 11.490.787 afiliados, tendría ingresos adicionales correspondientes a la UPC por un valor de 16,7 billones de pesos, lo que llevaría a que la brecha del indicador de patrimonio adecuado se aumente en mínimo 173 % y, por tanto, la entidad debería capitalizarse en 2,1 billones de pesos, que representa alrededor de 6,7 veces el patrimonio técnico actual”, se lee en el documento.
Esta capitalización no haría parte de la reforma, pues en el artículo 78 del Plan Nacional de Desarrollo, que está en trámite en el Congreso, se incluye el fortalecimiento patrimonial de las empresas estatales.
“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá capitalizar en efectivo o mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento patrimonial a las empresas del orden nacional que así lo requieran para la continuidad y desarrollo operativo de su negocio, sujeto a la debida sustentación técnica y financiera y a la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, dice el PND.
Con esta gran responsabilidad que pretende darle el Gobierno, la Nueva EPS pasaría a convertirse en una especie de Instituto de Seguros Sociales (ISS), que funcionaba antes de la Ley 100 de 1993 y que solo cubría a quienes tuvieran un trabajo formal.
Cabe mencionar que esta entidad fue la que más tutelas recibió durante 2022, con un total de 21.627, según un informe de la Defensoría del Pueblo, lo que representó el 25,16%.