Piedad Córdoba seguirá vinculada a investigaciones por ‘Farcpolítica’: Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia seguirá investigando a la senadora Piedad Córdoba por la denominada ‘Farcpolitica’. Este agente judicial de Colombia negó la nulidad de la investigación que pretende determinar los nexos que la senadora habría tenido con el empresario Alex Saab y la extinta guerrilla de las Farc. Este expediente se encuentra actualmente en el despacho de la magistrada Cristina Lombana.

Por su parte, Ximena Castilla, abogada defensora, había manifestado que este caso no era coherente, pues no había objetividad por parte de la magistrada Cristina Lombana al tener una “mentalidad militar”; sin embargo, la solicitud fue rechazada por el alto tribunal, que señaló que Lombana sí cuenta con las facultades para seguir al frente de esta investigación.

Castilla afirmó en primer lugar la magistrada no se encuentra con la disponibilidad para atender este caso y que además, no es coherente que una funcionaria con mentalidad militar juzgue a una senadora de izquierda.

En medio de las investigaciones, la magistrada Lombana solicitó las declaraciones de Andrés Vásquez, un exasesor de la senadora que habría confesado que su nombre en la extinta organización ilegal sería alias Teodora y que habría retrasado la posibilidad de liberación Ingrid Betancourt, cuando estuvo secuestrada.

La magistrada Lombana también solicitó la declaración del general retirado venezolano Cliver Antonio Alcalá Cordones, ya que lo considera un testimonio relevante para los avances de esta investigación. El general (r) actualmente se encuentra recluido en el Westchester Country Department of Correction, en Nueva York (Estados Unidos) por presuntos nexos con el narcotráfico.

Desde que el 27 de marzo de 2020 un avión de la DEA trasladó al mayor general Cliver Antonio Alcalá Cordones hasta Estados Unidos, el Gobierno del país norteamericano aseguró que tenía pruebas en su contra, pero casi dos años después, lo retiró de la lista de narcos, ya que en declaraciones previas, Alcalá dijo que funcionarios de EE. UU. tenían conocimiento de las acciones que él adelantaba contra el régimen de Nicolás Maduro.

El vínculo del retirado general con Piedad Córdoba pasa por los recursos que manejaba de la Comisión Nacional de Administración de Divisas y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, dinero que la dirigente política habría obtenido para diferentes fines en Colombia.

Alcalá manifestó, presuntamente, conocer las relaciones entre Piedad Córdoba con la cúpula militar y los máximos jefes del régimen venezolano, declaraciones que son materia de investigación por parte de la justicia en Colombia.

“El dinero obtenido con estas operaciones financieras, se infiere, fue utilizado una parte para enriquecer ilegalmente a la investigada y a su círculo familiar y por otra, a la realización de diversos eventos de carácter político que buscaban que la investigada obtuviera una posición de poder privilegiada en Colombia, para su beneficio y el de la organización criminal”, manifestó la magistrada Lombana.

Ingrid Betancourt habría confirmado las irregularidades en la mediación para la liberación de secuestrados, situación que la senadora habría aprovechado para fines lucrativos y políticos, “La verdad se va a saber, eso es lo que estamos esperando las víctimas, que haya claridad sobre estos eventos. Solamente tenemos una parte de la información, que es lo que se ha filtrado a los medios”, aseguró la excandidata presidencial.

Y cuando fue cuestionada sobre la culpabilidad de Piedad Córdoba, dijo: “para mí sí, pero si no es el caso, puede ser una excelente noticia. Le contesté a la magistrada y no quisiera decir nada que pudiera invalidar mi intervención”, manifestó en ese momento Betancourt.