En la tarde del martes 14 de febrero las autoridades estadounidenses anunciaron el arresto de tres personas involucradas en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, uno de ellos es el venezolano Antonio Intriago, dueño de la empresa de seguridad CTU Security, contratista de los mercenarios colombianos implicados en el crimen del mandatario, y consultor de seguridad en el Sur de Florida. También fue detenido Arcángel Pretelt Ortiz, oriundo de Colombia e identificado como socio de Intriago.
El tercer sospechoso es Walter Veintemilla, estadounidense y financiero que vive en Florida, que según las autoridades, prestó $172.000 dólares a CTU Security para financiar sus operaciones en Haití. Se espera que estos sujetos comparezcan ante un tribunal del Sur de este estado por sus aparentes nexos con el crimen del mandatario, perpetrado el 21 de julio de 2021 en Puerto Príncipe.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también dio a conocer que el 31 de enero de este año fueron capturadas otras cuatro personas, las cuales comparecieron ante un tribunal de ese país.
Estos fueron el colombiano Germán Rivera García, y los haitiano-estadounidenses James Solages, Joseph Vincent y Christian Emmanuel Sanon. Todos asistieron a la audiencia, que duró cerca de media hora y que se llevó a cabo en uno de los edificios de la corte federal del centro de Miami. Llegaron vistiendo uniformes de presidiarios color beige, tapabocas, esposas y grilletes en sus tobillos.
Ninguno mencionó nada relacionado con el magnicidio de Moïse, sin embargo. le solicitaron en varias oportunidades a la jueza, Alicia Otazo-Reyes, un abogado pagado por el gobierno cuando la magistrada les preguntó a cada uno por separado si tenían los recursos económicos para afrontar su defensa.
“¿Puede usted pagar un abogado?”, cuestionó la jueza a Rivera García, el último de los cuatro detenidos en llamar para preguntarle si habían entendido cuáles eran sus derechos y sus delitos.
“En respuesta, el colombiano dijo “quisiera uno de la corte”. Este compareciente fue el único que habló en español, motivo por el cual tuvo que utilizar auriculares durante toda la audiencia, pues se llevó a cabo en inglés. Al igual que él, los otros tres acusados respondieron negativamente cuando la magistrada les preguntó si tenían trabajo, ahorros o propiedades.
Vale mencionar también que Solages, de 37 años; Vincent, de 57, y Rivera García de 44, fueron algunos de los primeros capturados después del atentado contra Moïse, en el cual recibió 12 disparos al interior de la residencia presidencial. Los tres son acusados de asociación ilícita para cometer asesinato o secuestro en otro país, y de suministrar ayuda material y recursos que resultaron en el magnicidio.
Sanon, un pastor, médico y empresario de 54 años, está acusado de conspirar para contrabandear artículos hacia Estados Unidos y de presentar información de exportación ilegal. Al respeto, documentos en poder de la corte apuntan a que este habría enviado 20 chalecos blindados a Haití, más allá de que en la descripción del cargamento aparecían contemplados como pero la descripción del cargamento decía “chalecos médicos de rayos X y suministros escolares”.
Luego de conocerse el asesinato de Moïse, la policía de Haití arrestó en tiempo récord a cerca de 40 sospechosos, incluidos 20 exsoldados colombianos reclutados, según ellos, por la empresa de seguridad CTU, con sede en Florida. También estos mercenarios han alegado en múltiples ocasiones que son inocentes; incluso, les han pedido al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro las garantías para que se lleven a cabo “juicios justos” en su contra.
Pese a esos reclamos, la justicia estadounidense, competente para juzgar las conspiraciones urdidas en su territorio, se hizo cargo de este caso.