La investigación y sanción de tres meses que la Procuraduría General de la Nación le impuso a José Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sigue generando polémicas. En las últimas horas, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a la procuradora general Margarita Cabello.
De acuerdo al congresista oficialista, con la sanción que el Ministerio Público le impuso a Rojas se estaría evitando que el hoy sancionado funcionario proteja “el patrimonio público”. Esto, a juicio de Iván Cepeda, hace a Margarita Cabello acreedora a una queja disciplinaria ante el máximo tribunal.
La sanción contra el director de la SAE fue definida por el viceprocurador Silvano Gómez, quien no solo tomó acciones contra él, sino también contra cuatro funcionarios más de la entidad estatal. Los argumentos, de acuerdo con lo que informó la Procuraduría, fueron por el presunto incumplimiento de un contrato con el que se veían obligados a transferir el 82,16% de las acciones de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A) a la alcaldía de esa ciudad.
Sin embargo, los funcionarios han asegurado que, lo que hicieron, fue advertir de las irregularidades al interior de la compañía atlanticense. Esa versión fue respalda por el senador Cepeda, que hace parte de la coalición de Gobierno, quien aseguró que las acciones en contra de los funcionarios de la SAE eran, supuestamente, un medio para ayudar a los privados y desestimar a los agentes públicos.
“La suspensión de los funcionarios que presentaron las alertas sobre las irregularidades en la compraventa de las acciones de la empresa Triple A parece una forma de desincentivar la protección de lo público sobre los intereses privados”, aseguró el legislador en un trino de su cuenta oficial de Twitter.
Incluso, en sus publicaciones, Cepeda aseguró que “el caso de Daniel Rojas podría derivar en un verdadero detrimento patrimonial” y, de nuevo, enfiló sus cuestionamientos contra la administración de Iván Duque, que dejó el poder el pasado 7 de agosto del 2022.
Según el senador, el detrimento patrimonial en la SAR no es es “por actuación” de Rojas “sino debido al precio en que fueron vendidas las acciones de Triple A por el gobierno anterior, precio sobre el que no hubo ningún tipo de control por parte de la Procuraduría General”, concluyó el congresista del Pacto Histórico.
Aunque por ahora la procuradora Cabello no se ha pronunciado sobre la queja disciplinaria que interpondrá el senador oficialista, recientemente sí le respondió al sancionado jefe de la SAE y aseguró que la suspensión que enfrenta actualmente no tiene la carga jurídica que él y varios de sus aliados del Gobierno han denunciado recientemente.
“Las medidas de suspensión que tomó la Procuraduría son de carácter cautelar y son medidas que no implica un análisis de responsabilidad del investigado y no se puede decir que hay prejuzgamiento. Las medidas cautelares tienen que ver mucho con evitar que se repita la conducta por parte de uno de los funcionarios que es investigado. No tiene nada que ver la responsabilidad con el investigado”, aseguró la jefa del Ministerio Público en una entrevista con la emisora BluRadio.
Además, dijo que por ahora no es una sanción porque, como no se ha probado que Rojas esté involucrado, todo sigue haciendo parte de la investigación a la que se enfrenta el funcionario. Es más, en su entrevista, defendió a su subalterno, Silvano Gómez, que tomó la decisión contra el funcionario del presidente Petro.
“Las garantías procesales están todas. Es una medida cautelar preventiva, que no genera responsabilidad alguna en contra el director de la SAE. Es de prevención, frente a algunas actuaciones que –supongo– el viceprocurador determinó se habían realizado, por lo que se amerita la medida preventiva de separarlo de su cargo”, agregó Margarita Cabello.