Las distintas reformas del Gobierno de Gustavo Petro han generado tanto apoyo como críticas por parte de la ciudadanía, por lo que en la tercera semana de febrero Colombia vivirá varias jornadas de protestas. Ante el panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a que las movilizaciones sean pacíficas.
El martes 14 de febrero, los simpatizantes de la actual administración marcharon en las principales calles de Bogotá con destino a la Plaza de Armas, ubicada entre el edificio del Congreso de la República y el Palacio de Nariño. Los ciudadanos atendieron el llamado del presidente al llegar a la Casa de Nariño a las 3:00 de la tarde para escuchar su discurso en defensa de sus reformas.
De acuerdo con presidencia, se habilitaron cuatro filtros para llegar a la Plaza de Bolívar y dos más para la Plaza de Armas. La logística del evento aseguró que podrían llegar 9.000 personas antes de la salida del jefe de Estado, quien hablará en gran parte sobre la reforma a la salud, que fue radicada el lunes 13 de febrero, y ha tenido varias críticas incluso por miembros del gabinete ministerial como el jefe de la cartera de Educación, Alejandro Gaviria.
La segunda jornada de movilizaciones fue convocada por la oposición al actual Gobierno, en cabeza de los congresistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, del Centro Democrático. La cita es a las 10:00 de la mañana en 12 ciudades el miércoles 15 de febrero, un día después de la jornada convocada por Presidencia de la República.
Ante esa agenda, el ente de control señaló la importancia de respetar el pensamiento diferente para que las marchas se desarrollen de forma pacífica. “Se debe reconocer el derecho constitucional de la ciudadanía a manifestarse y protestar pacíficamente, como uno de los principales baluartes de la democracia”, puntualizó la Defensoría en un comunicado de prensa.
El líder de la entidad, Carlos Camargo, señaló que es necesario “evitar incidentes violentos o ataques contra los derechos fundamentales de personas que hagan parte de dichas manifestaciones, así como de quienes no participen en las mismas”. También abogó por evitar las provocaciones y las agresiones durante los eventos.
“Y prevenir destrucción de bienes públicos y bloqueos o la parálisis en el suministro de bienes y servicios”, agregó.
El derecho a la protesta pacífica
El funcionario recordó que es el derecho a la protesta pacífica es “sin duda un instrumento esencial en toda sociedad democrática”. Esas movilizaciones le permiten a la ciudadanía denunciar las “vulneraciones a los derechos humanos, expresar opiniones y críticas sobre políticas públicas o demandar el acceso y la calidad a los servicios públicos”.
A pesar de que ese derecho está consagrado en la Constitución Política de 1999, Camargo precisó que se “debe ejercer con conciencia, con el mayor conocimiento e información”. Así pues, hizo un llamado a la ciudadanía a investigar las implicaciones de las reformas propuestas para evitar “caer en la desinformación y opiniones sesgadas”.
El líder de la Defensoría del Pueblo destacó ese peligro debido a que, en ocasiones, algunos sectores “buscan instrumentalizar a la población para sus propios intereses” llevándolos a la “radicalidad”. Así pues, el riesgo podría generar el desconocimiento de las “autoridades legítimamente constituidas o a sembrar el caos y la violencia en las calles”.
Por otra parte, Carlos Camargo exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a activar las rutas de prevención del uso de la fuerza legítima del Estado, estipuladas en el Decreto 003 de 2021. Esos mecanismos permitirían “la garantía efectiva del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y se privilegie el diálogo, la mediación y la concertación”.
La entidad, a su vez, dispuso 472 funcionarios para acompañar las protestas que vivirá Colombia junto con 161 defensores públicos. Estas personas serán las encargadas de recibir las quejas de los ciudadanos que vean vulnerados sus derechos durante las movilizaciones.