Por irregularidades en arrendamientos en las Islas del Rosario, procuraduría investigará a cinco exfuncionarios de la Agencia de Tierras

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinar contra cinco exfuncionarios y un servidor público de la Subdirección Administrativa Financiera de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), esto, por la presunta suscripción y ejecución de contratos de arrendamientos en el Archipiélago de las Islas del Rosario.

Esto se vincula a las presuntas faltas durante la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios. A su vez se evidenció omisión de los avalúos catastrales y que entre los contratos se excedieron el límite de área permitido para el arriendo.

Entre los procesados se encuentran; son Olga Yamile González, William Andrés Robledo Acosta, Nubia Pacheco Gómez, Alexander Rivera Sánchez y Campo Elías Vega Rocha por su condición de subdirectores Administrativos y Financieros para la época de los hechos.

Asimismo, se dio apertura a una investigación disciplinaria en contra de José Augusto Acosta Buitrago, servidor público vinculado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde el 2019, quien también podría estar implicado en posibles irregularidades.

La Procuraduría destacó que en repuesta al fenómeno de la caducidad, el proceso investigativo verificará la ocurrencia de hechos presuntamente irregulares, que puedan constituir falta a la ley disciplinaria a partir del 31 de diciembre de 2019, a pesar de que algunas pruebas indican la comisión de conductas constitutivas de falta con anterioridad a dicha vigencia.

Cabe resaltar que, la Procuraduría General, tiene bajo la lupa los arrendamientos en las Islas del Rosario, teniendo en cuenta la afectación que podría generar a la preservación del equilibrio ecológico, la protección del patrimonio público y la garantía de los derechos de las comunidades, en especial, de grupos étnicos en la zona.

Con el fin de llevar a cabo el primer punto del Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral, se conoció a mediados de enero que la Agencia Nacional de Tierras adelantaría procesos investigativos contra contratos de arrendamientos de 32 predios en el Archipiélago de Islas del Rosario.

Según información suministrada por El Tiempo, la intención de la entidad es la de recuperar los baldíos reservados, por eso se tomaron las medidas legales pertinentes, acción sumada a la efectuada contra otros 10 contratos de tierras en esta zona.

La pretensión de la ANT es la de declarar “nulidad absoluta por objeto ilícito, por haber sido celebrados contra expresa prohibición constitucional o legal, y que, en consecuencia, se ordene la terminación inmediata de dichos contratos”.

Otra de las intenciones de la Agencia es que se declare que esta no debe hacer reconocimiento de restituciones de ningún tipo en este caso, tomando en cuenta el inciso 2 del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, porque los contratos en cuestión no significaron ningún beneficio que hubiere servido para satisfacer un interés público.

Los motivos que expuso la Agencia Nacional de Tierras para las demandas son que los expedientes contractuales carecen de escritura pública, estos escasean de avalúos catastrales, y los mismos no respetan el área máxima que era susceptible de arrendamiento.

Cabe mencionar que los predios en disputa corresponden a los contratos de; la Isla El Paraíso, en el que se demandó a la arrendataria Rosario Fuentes Estrada, la Isla Matamba que hace parte de las Inversiones Matamba S. A. S.

El predio La Reina Mora, quienes tuvieron como arrendatarios demandadados a Juan David Uribe Hurtado, Antonio Jesús Uribe Hurtado, María Isabel Uribe Hurtado y Luisa Cristina Uribe Hurtado. El arrecife de Caracoli, bajo el arrendatario demandado Carlos Daniel de Jesús Castañeda.

La ínsula de Los Caguamos, que hace parte de la Sociedad Marpac S. A. S., la Isla Totumo, del arrendatario demandado Hans Reynaldo Martínez Emiliani y la Isla del Pirata, que se arrendó por parte de los demandados Indeltru S. A. S.

El arrecife Taitao, que hace parte de la Sociedad Hermann Schwyn y Cía. S.A., el Lago de los Sueños, por los ahora demandados Fundación Ecológica y Social de las Islas del Rosario - Funesis.

La Isla Cocosolo, arrendado por Karen Hinds de Santodomingo, el Hotel Ibiza Resort, que se alquiló por parte de la Sociedad Ibiza Resort Ltda., y la Isla Palma Rosa de Inversiones La Palmarosa S. A. S.

La Isla Fiesta, que se subarrendó por Andrés Jorge Lisocki Fryde. La Perra, que se rentó por los demandados Augusto Eduardo Robayo Ferro, la Isla Caleta o Gigi de la Sociedad VD Pacheco Angulo S. en C.

La Isleta de Inversiones Kiell y Cia S. en C, la Isla Hai Pao de Antonio Pedro Claver Lozano Pareja e Inversiones Lozano Emiliani S. en C., y el predio de Caribaru que pertenece al Condominio Caribaru Ltda. Punta de las Mantas, rentado por la Sociedad Zurek Lequerica e Hijos Ltda. Poligamia, que pertenece al demandado George Zaher Jaar. La Isla Chia, que es de Laura Cucalón de Azuero.

Champetua, territorio de Iván Jaramillo Escobar y Clemencia Restrepo de Jaramillo. Quebracho de Willian Esteban Marín Paternostro y Capriccio que pertenece a Inversiones Douer Mishaan S. en C.

La Disculpa, de Augusto Zárate Gutiérrez y Eduardo Zárate Gutiérrez. La Isla de Augusto Eduardo Robayo Ferro. La propiedad María Galante de Bertha Fajardo de Urrea. El Hotel San Pedro de Majagua, que hace parte de Laguna Encantada S. A. S. Los terrenos de Cocoliso, que integra el Cocoliso Alcatraz S.A. y Punta Bella.