Condenados por delitos de lesa humanidad podrían tener casa por cárcel en Colombia: esto es lo que dice la propuesta del Gobierno

El proyecto que se adelanta por parte de la cartera de justicia en el país en favor de la humanización de penas, ha generado división y polémicas, partiendo desde la eliminación del incesto o la inasistencia alimentaria como delito, la Procuraduría, se refirió a las inconveniencias de algunos puntos tratados en el proyecto. Principalmente la posibilidad de prisión domiciliaria a delitos de lesa humanidad.

Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos, aseguró que un artículo del proyecto socializado por el Ministerio de Justicia, que brinda un beneficio de tal cuantía a los privados de la libertad condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“Nos preocupa, por ejemplo, que se pretenda conceder prisión domiciliaria a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra y esto puede llegar a reñir con el estatuto de Roma y por supuesto con la Corte Penal Internacional”, mencionó Sarmiento, en entrevista con Revista Semana.

El funcionario generó una dura objeción en nombre del ministerio público, respecto de los compromisos internacionales en materia de justicia a partir de los beneficios estampados en el proyecto de humanización de penas, dejando en claro que una delgada línea dejaría en riesgo los logros alcanzados por las instituciones.

“Notamos que puede llegar a existir una tensión entre los compromisos adquiridos por el estado colombiano en materia de cooperación internacional en temas por ejemplo como la lucha contra la corrupción, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y lo que tiene que ver con crímenes internacionales”, explicó el procurador ante el medio anteriormente citado.

La procuraduría fue invitada a la audiencia pública del proyecto de humanización de las cárceles, eventos que se desarrolló en el salón Boyacá del Congreso de la República. Audiencia que contó con la asistencia de congresistas ponentes de la iniciativa y del Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Durante su intervención el delegado de la Procuraduría advirtió varios puntos a considerar, ejemplo de ello, fueron los vacíos en el proyecto del Ministerio de Justicia, los cuales deben ser atendidos con el propósito de adelantar la discusión en el Congreso. Se trata de un decálogo de 10 ítems con los reparos del ministerio público al polémico proyecto.

“El proyecto de ley no contiene una medida para el fortalecimiento del Consejo superior de la judicatura y de los juzgados de ejecución de penas que serán los que consideran estos beneficios y Proyecto de ley de excarcelación propone que el incesto en Colombia deje de ser delito’', estas son las razones expuestas por el titular durante el evento.

Asimismo, advirtió el delegado del ministerio público que el proyecto se presentó sin el concepto previo del Ministerio de Hacienda y que además no tomó en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional sobre el estado de las cosas inconstitucionales, justamente el debate central de dicha iniciativa.

La Procuraduría insistió en un estudio más detallado sobre la eliminación del concierto para delinquir en escenarios de protesta violenta, además de excluir la inasistencia alimentaria del Código Penal, partiendo del hecho de que los detenidos por este delito, no son más de 100 en todo el sistema penitenciario.

Por otra parte, Néstor Osuna, MinJusticia se refirió en Blu Radio sobre la despenalización de delitos sexuales. “Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes”.

Y añadió que aunque es una práctica que moralmente es repudiable por el hecho de sostener relaciones de tipo sexual con un integrante de la familia no puede tomarse como un delito la determinación de dos personas adultas respecto a tener intimidad. Ya que ‘’es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”.

El ministro también se refirió a las críticas que se han generado alrededor del proyecto de ley que propone una reforma a la política criminal en el país y plantea varios ajustes a los centros penitenciarios del país. El funcionario se refirió al artículo que abriría la puerta para que condenados por delitos de lesa humanidad tengan algunos beneficios.

Sobre este punto específicamente, el beneficio no se generaría desde el inicio de la pena, sino cuando ya se haya pagado el 60 % de la condena. “La legislación vigente, hoy en día, contiene el beneficio, cuando se ha pagado el 60 % de libertad condicional, lo que proponemos es endurecerlo por prisión domiciliaria”, afirmó Osuna, en el video divulgado.

Agregó que actualmente se contempla la libertad en estos casos, por lo que se busca es que ahora haya prisión domiciliaria para estos delincuentes. “Los compromisos internacionales de Colombia quedan perfectamente cubiertos porque no hay ningún compromiso de que la prisión no sea resocializadora, sino solamente inhabilitante”, ministro de Justicia.

Entendiendo de esta manera que aún existen interrogantes asociados al proyecto y que se debe esperar a las determinaciones tomadas por parte del Gobierno, dejando en claro que dentro del Ejecutivo existen posturas que se evidencian dentro de la ciudadanía en favor y en contra de beneficios para las personas privadas de la libertad.