En un operativo realizado por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Gaula militar, fue capturada, el lunes 13 de febrero de 2023, Ana Catalina Noguera, exdirectora especializada de extinción de dominio del organismo judicial y exfuncionaria de la sección contra las finanzas criminales.
De acuerdo con la entidad, el desarrollo de dicha operación está contemplado dentro de una serie de investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos por la exfuncionaria.
En ese sentido, indicaron a través de un pronunciamiento que también son procesados el coronel de la Policía Nacional Ricardo Alberto Durán, “y dos exfuncionarios del mismo lugar, el patrullero Anderson Jesús Alva Contreras y el intendente Jhon Fredy Redondo Bautista. Además de Carlos Ramón Zapata, conocido con el alias de El Médico y quien enfrentó investigaciones por narcotráfico”.
La Fiscalía también precisó que los elementos materiales probatorios dieron cuenta de que los exfuncionarios del SIU estaban a cargo de contactar personas que tenían procesos inconclusos en esa entidad, “los identificaban y extorsionaban con altas sumas de dinero para que no fueran extraditados a Estados Unidos”. También añadió que por estas conductas ya aceptaron cargos el patrullero Anderson Jesús Alva Contreras, John Freddy Redondo Bautista y Carlos Ramón Zapata.
Ana Catalina Noguera fue una de las funcionarias de confianza del entonces fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y su salida de la entidad tuvo varios precedentes: el primero, conocido el 10 de noviembre de 2021, involucró a sus primos Rafael Enrique Noguera Abello y Enrique Rafael Noguera Ramírez, extraditados a Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
Un día después, Ana Noguera fue apartada de su cargo como delegada para las Finanzas Criminales, y tiempo después salió definitivamente de la Fiscalía. En abril de 2022 su nombre volvió a sonar por cuenta de varias grabaciones de reuniones privadas entre ella, su padre, Rodrigo Noguera —entonces rector de la Universidad Sergio Arboleda— y la fiscal Angélica Monsalve, que denunció presiones para no imputarle cargos a varios miembros de la familia Ríos Velilla, una de las más poderosas de Bogotá.
En dichas conversaciones, reveladas por el periodista Daniel Coronell, se escuchaba a la exdirectora de extinción de dominio de la Fiscalía decir que el caso de los Ríos Velilla —aparentes irregularidades en la adjudicación del recaudo de TransMilenio— también estaba relacionado con lo que se trató de ocultar “en Fiscalía, con lo de Odebrecht y todo eso. Porque todo eso está relacionado. Entonces a él no le conviene porque empiezan a hurgar cosas que no le convienen” de acuerdo con uno de los audios recogidos por El Espectador.
En su momento, la empresa TransMilenio pidió una investigación contra los dos hermanos pues se habría ocultado ser los contratantes por una posible inhabilidad al ser tíos del entonces concejal de Bogotá, Felipe Ríos Londoño, del partido Cambio Radical. Por otra parte, la empresa Recaudo Bogotá, había ganado la licitación, pero era presentada como una compañía chilena.
En su momento, Javier y Carlos Ríos indicaron en diálogo con W Radio que “accionariamente no participamos en el negocio. Cuando decidieron presentarse a la licitación nos piden que nos acompañen”. Sumado a eso, negaron pertenecer al consorcio Recaudo Bogotá S.A.S, grupo conformado por Citymóvil de Chile y LG de Corea.
Pero una de las pruebas más importantes que tenía la Procuraduría fue un contrato de la Corporación Financiera Internacional —IFC—, entidad a cargo del Banco Mundial, y que fue firmado entre IFC y Recaudo Bogotá en febrero de 2013, año en el que ya estaba vigente la concesión con TransMilenio.