Denuncias al interior del Servicio Geológico Colombiano por maltrato, acoso laboral, irregularidades en el manejo y despidos

Las quejas estallaron con la llegada de Irene Veléz al Ministerio de Energía y Minas y de Julio Fierro Morales a la dirección de la institución

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En el Servicio Geológico Colombiano
En el Servicio Geológico Colombiano se han denucniado irregularidades tras el cambio del director: EFE

El cambio al interior de las instituciones del EstadoEl cambio al interior de las instituciones del Estado trae consigo un remezón que puede generar denuncia por irregularidades, inconformidades de sus funcionarios y demás. Tras 11 años con el mismo director del Servicio Geológico Colombiano –SGC–, la ministra de Irene Vélez decidió nombrar al geólogo y activista, Julio Fierro Morales, como el reemplazo del ingeniero Óscar Paredes. Sin embargo, esto ha hecho que varias denuncias salgan a la luz, comenzando por presuntos despidos injustificados, denuncias por acoso y maltrato laboral, entre otras cosas.

Las quejas que fueron dadas a conocer por la revista Semana señalan que la nueva organización de la institución no ha respetado ni siquiera los años de experiencia de algunos funcionarios y sin motivo aparente han prescindido de sus servicios, sumado a que las peticiones que han venido haciendo algunos de los antiguos trabajadores ni siquiera fueron respondidas de forma negativa, además, que las nuevas personas a cargo estarían creando un supuesto ambiente de maltrato y hostilidad.

De acuerdo con lo mencionado por Ana Paola Riveros, coordinadora de Participación Ciudadana y Comunicaciones, y Fanny Salazar, secretaria ejecutiva en laboratorios, pese a que continúan en el SGC aseguraron que las hicieron salir de las oficinas donde estaban hace mucho tiempo de forma forzada.

Salazar comentó que le mencionaron que sería removida a otra área de la institución, por lo que propuso que le dieran ocho días para que pudiera capacitar a la persona que la iba a reemplazar. Pese a esto, nunca obtuvo una respuesta por parte de la dicción y al día siguiente, para empeorar la situación, le exigieron desocupar la oficina de forma inmediata, a lo cual ella se negó.

“Dijeron que debíamos sacar todo y le dije que no. Quedamos con hacer una reunión, fue un compromiso; nunca se hizo. En vista de que a otros les ha pasado que encuentran sus cosas en el piso porque los sacan deliberadamente de las oficinas, hicimos un video para registrar cómo quedaron las oficinas antes”, comentó la funcionaria al medio colombiano. La situación escaló más, cuando además de sacar los computadores de los funcionarios a la fuerza, forzando las cerraduras y rompiendo los vidrios, les arrojaron las cosas al piso y destruyeron las estructuras de las oficinas.

Justamente, entre las cosas de Salazar se encontraba una denuncia por maltrato laboral, que por fortuna sigue en poder de la secretaria ejecutiva en laboratorios; sin embargo, en ese caso asegura que, pese a que parece ser que el maltrato es sistemático, muchos de los trabajadores tienen miedo de dar a conocer su caso.

“Al Comité de Convivencia llegó una queja de una funcionaria por maltrato. Los demás son anónimos y gente que comenta en pasillos, pero el tema de desasosiego y golpe a la moral en la entidad es terrible. No denuncian porque tienen miedo y me lo dicen. Las personas que dicen algo, si son contratistas, no les dan el contrato. Si son funcionarios de carrera, los cogen en la mala”, contó.

En el caso de Ana Paola Riveros la situación es más delicada, pues pese a que la funcionaria notificó que por motivos de una enfermedad autoinmune debía cambiar su forma de relacionarse con las personas de la institución, la movieron de cargo y nunca le avisaron del desalojo de su oficina, pero si la movieron todas sus pertenecías sin autorización.

“No vino nadie a decirme que tenía que irme. Ahora no puedo trabajar, no tengo computador o teléfono. Soy quien gestiona las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la entidad, me quitaron el acceso al correo desde el jueves. La atención a la ciudadanía está frenada”, contó a Semana.

No es todo, pues existen cartas de renuncia de funcionarios muy antiguos que argumentan que sus salidas se deben a irregularidades en el nuevo funcionamiento de la institución y maltrato de las nuevas personas que se encuentran a cargo.

Por su parte, la SGC se defendió asegurando que era completamente legítimo lo que hicieron con las oficinas, pues pese a que es el espacio de los funcionarios, ninguno podía mantener cerrados los espacios ni con llave.

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