Unos $15.293 millones tienen a la comunidad del Vaupés denunciando supuestos actos de corrupción en lo que respecta a un negocio realizado para poner en marcha un proyecto llamado ‘Baka Rokarire~iatir+~dito’, con el que se prometió un bono de carbono que comprometía a 5.554 hectáreas de la zona selvática aledaña al río Pirá Paraná. El trato cubría un periodo de 29 años.
A mediados del 2022, el consejo indígena inició una investigación para esclarecer las circunstancias del origen de los fajos de dinero que empezaron a circular entre los pobladores que residen en el territorio indígena Pirá Paraná. En medio de la indagación se descubrió que líderes habían firmado un acuerdo para la venta de un bono de carbono que estaba pensado para ser construido desde el 2019.
Este acuerdo, además, pretendía beneficiar económicamente a las 17 comunidades que componen el consejo. Esta misma entidad, sin embargo, asegura que el bono se negoció ilegalmente y que hubo falsedades en el proceso de constitución de este. Esto involucra a quienes avanzaron en el desarrollo del proyecto, es decir, la ONG Masbosques y Proambiente S.A.S.
De acuerdo con lo que explica el Ministerio de Ambiente en su portal web, los bonos de carbono “son reducciones de emisiones o absorciones de Gases Efecto Invernadero resultantes de iniciativas de mitigación, validados y verificados bajo estándares específicos o en el marco de programas de certificación”. Según destaca esa cartera gubernamental, cada crédito de carbono representa una tonelada de CO2 removida de la atmósfera. En las casi tres décadas comprometidas, se calculaba una emisión de 1′307.794 toneladas de CO2.
“Sus acciones y omisiones en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa (...) están vulnerando de manera grave nuestros derechos fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio”, se lee en la acción de tutela que interpuso el consejo y que fue publicada por el portal informativo La Silla Vacía en octubre del 2022.
“Masbosques obró con la suficiente diligencia y su actuar fue conforme a la realidad jurídica del momento y en consecuencia no se puede predicar que (…) se violentaron o siquiera pusieron en riesgo los derechos fundamentales”, concluyó; sin embargo, el juez frente a la denuncia en testimonios citados por el mismo medio de comunicación.
El bono, al final, fue negociado por la multinacional estadounidense Delta Air Lines. “En marzo de 2020, Delta estableció una visión audaz y comenzó su viaje hacia la neutralidad de carbono con la mejor herramienta disponible en ese momento: compensaciones de carbono de alta calidad. La estrategia de futuro se centra en dos pilares: integrar la sostenibilidad en todo lo que hace Delta en nuestro viaje continuo para ofrecer experiencias de viaje y operaciones sostenibles; y eliminar el impacto climático de los vuelos, optimizando operaciones para acelerar la disponibilidad de combustibles limpios y aeronaves revolucionarias”, manifestó la aerolínea ante el diario El Tiempo.
“El territorio del Pirá Paraná está fracturado por la implementación del proyecto con la empresa Masbosques (…) Interpusimos acciones legales porque no se cumplió el protocolo de consulta. Vulneran y desconocen nuestros derechos fundamentales, que consagra la Constitución. Hicieron el procedimiento con personas que no estaban facultadas”, dijo a ese mismo diario Wilmer Gómez, integrante del consejo indígena y capitán de la comunidad Toaka y del territorio ancestral Makuna.
Lo que pide la comunidad al Estado es que se invalide el proyecto, pues, quien lo firmó, ya no tenía la facultad para hacerlo. Además, aseguran que nunca lo aprobaron. De acuerdo con lo que explicó Masboques, el dinero que se le ha entregado a algunos indígenas no es consecuente a extorsiones, y que esos recursos han sido usados de manera positiva. “Nunca se ha tratado de sobornos o dádivas como se quiere hacer ver (...) Nunca será la política de Masboques el financiar la corrupción”, detalló la compañía.