Caso Santrich: magistrada Claudia López Díaz firmó tutela para archivar señalamiento de acoso laboral interpuesto por Ana Caterina Heyck

Ahora será la Jurisdicción Especial para la Paz la que resuelva la tutela entre las magistradas, cuyas hostilidades se originaron desde 2018

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Las hostilidades entre las magistradas iniciaron en discusiones sobre el caso Santrich en 2018. Crédito: JEP
Las hostilidades entre las magistradas iniciaron en discusiones sobre el caso Santrich en 2018. Crédito: JEP

La pelea de las magistradas Ana Caterina Heyck y Claudia López Díaz de la Sección de Revisión llegó a una tutela en la que López solicita que se resuelva una petición que realizó en septiembre del año 2022 para que se archive la queja de acoso laboral que le interpuso en su momento Heyck.

Ante esto, será directamente la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– la que se encargue de resolver la tutela de la magistrada, dado que los magistrados de la Sección de Revisión se declararon impedidos para tomar una decisión sobre el caso.

Las hostilidades entre las magistradas se registran desde el año 2018, momento en el que la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la Garantía de No Extradición frente al caso de Seuxis Pausias Hernández, ‘Jesús Santrich’, provocó diferencias de opinión entre los magistrados, especialmente entre López y Heyck.

Cabe recordar que, durante este momento, la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz, recién empezaba a revisar la garantía de no extradición frente al caso de Santrich, señalado por el tráfico de cocaína, momento posterior a la firma de paz con las Farc.

De acuerdo con información obtenida por W Radio, la pelea inició luego del encuentro en el que se discutió sobre si se pedía o no pruebas a los Estados Unidos, lo que permitiría determinar cuál sería el siguiente paso en relación con el caso de Santrich. Mientras que Heyck anunciaba estar de acuerdo, López Díaz defendía su posición en la negativa.

Sin embargo, las hostilidades crecieron cuando López solicitó el aplazamiento de la discusión. Frente a esto, Heyck acusaba que la magistrada estaba generando “demoras” para continuar con el fallo. A esto se suma que la tensión se agudizó luego de que López hubiera descalificado el trabajo de Heyck y se registraran varias confrontaciones en sesiones con magistrados presentes.

Poco a poco, la relación entre las magistradas se empezó a deteriorar con el aumento de las confrontaciones, hecho que incluso escaló hasta llegar a una denuncia por acoso laboral instalada el 20 de septiembre de 2020, por Heyck hacia López, ante el Comité de Convivencia de la JEP.

El documento que redactó Heyck registró las ocasiones en las que había sido víctima por parte de la magistrada López. Allí detalló los comentarios desafiantes que habría recibido, los descalificativos y demás comentarios hostiles en el desarrollo de debates judiciales y administrativos que tuvieron lugar en la Sección de Revisión.

Por su parte, López Díaz se defendió diciendo que era constantemente perseguida por parte de Heyck, a lo que añadió presuntas situaciones de maltrato y también acoso laboral. Incluso, afirmó que fue grabada sin su autorización el 26 de septiembre de 2018 durante una de las sesiones de la Sección.

La carta de Néstor Humberto Martínez acusando al canciller Álvaro Leyva

A través de una carta, Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, acusó al canciller Álvaro Leyva Durán de ser amigo de Jesús Santrich y en este sentido, favorecer a las antiguas Farc con el fin de que pudieran mantener sus activos legales.

Martínez envió la carta pública al Ministerio de Relaciones Exteriores y al despacho del canciller, con copia dirigida a la procuraduría general Margarita Cabello y Francisco Palmieri, diplomático de Estados Unidos, rechazando la supuesta relación que interfería con el caso de Santrich.

Además, el exfiscal dio a conocer que tiene una carpeta documentada de la propuesta que presentaría al Consejo de Seguridad de la ONU y que vincularía a Leyva, quien, siendo asesor jurídico, habría facilitado a los desmovilizados el control de los bienes y recursos de las actividades ilícitas, lo que impediría, en este sentido, la reparación de las víctimas.

Martínez aseguró que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar frente a la ONU la “amistad entrañable” que tendría el canciller con Santrich.

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