Casa por cárcel para criminales será “cuando ya se haya pagado más del 60% de la pena en prisión”, confirmó MinJusticia

El ministro Néstor Osuna volvió a salir al paso ante varios cuestionamientos sobre la reforma penitenciaria que ya hace trámite ante el Congreso de la República

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Ministro de Justicia, Néstor Osuna,
Ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió que la Reforma Penitenciaria esté alejada de los compromisos que adquirió el Estado con la comunidad internacional. Colprensa.

En medio de la polémica por el proyecto que lidera el Ministerio de Justicia para reformar las cárceles en el país, el jefe de esa cartera, Néstor Osuna, aclaró que no es cierto que los que reciban el beneficio de prisión domiciliaria lo hagan desde el inicio de su pena. ¿Cómo será entonces?

“El beneficio que proponemos no es desde el inicio de la pena sino cuando ya se haya pagado más del 60% de la sanción judicial”, aseguró el ministro de Justicia en un video de su cuenta oficial de Twitter en el que, entre otras cosas, se refirió a varios de los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa.

Según el funcionario, salió a aclarar el tema porque había “escuchado algunas voces un tanto alarmadas por la posibilidad que contiene nuestro proyecto de ley de reforma penitenciaria” que, entre otras cosas, busca disminuir el hacinamiento carcelario.

Presos en cárceles de Colombia.
Presos en cárceles de Colombia. Colprensa

En otra de sus aclaraciones, el ministro del presidente Gustavo Petro aseguró que ese proyecto beneficiará a los delincuentes que hayan cometido delitos de lesa humanidad y aseguró que los crímenes que se contemplan para casa por cárcel se están desarrollando, teniendo en cuenta las leyes que, hasta ahora, rigen en Colombia.

“La legislación vigente hoy día contiene el beneficio cuando se ha pagado el 60% de libertad condicional. Nosotros lo que proponemos es endurecerlo con prisión domiciliaria. No existe la libertad, lo que queremos es que sea domiciliaria y no libertad”, explicó el MinJusticia.

Es más, de acuerdo con el jefe de cartera, al tramitar esta iniciativa no solo se está respetando la legislación colombiana, sino también los tratados internacionales a los que se acogió la nación: “Los compromisos internacionales quedan perfectamente cubiertos porque no hay ningún proceso que la prisión no sea socializadora, sino solamente inhabilitante”, agregó el funcionario.

Así mismo, en otros de los puntos de su video, Osuna aseguró que estaba abierto “al debate” pero con opiniones ciertas y no con lo que considera son “conjeturas, ideas un tanto exageradas alrededor del mismo”, concluyó el ministro de Justicia.

Aquí su intervención:

MinJusticia aclara proyecto de reforma penitenciaria

No son las únicas aclaraciones que Osuna ha hecho sobre el ambicioso –y polémico– proyecto para reformar las penitenciarias. Esta semana, por ejemplo, fue citado a una audiencia públicas por la comisión accidental para el seguimiento, vigilancia y control del Congreso de la República por la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia.

Al inicio de su discurso, Osuna reiteró su vieja tesis de que las prisiones nacionales son centros de formación y resocialización, sino que se convirtieron en sitios donde los criminales “perfeccionan las formas de delinquir con técnicas cada vez más sofisticadas, audaces y crueles”.

Asimismo, explicó que una de las apuestas de la reforma penitenciaria con la casa por cárcel no se puede entender como “algo exótico, excepcional o marginal en nuestro sistema penal, ―pues― hay 77.000 personas que están en prisión domiciliaria de un universo cercano a 200.000 privados de la libertad” y señaló que eso equivale a los habitantes de una ciudad como Tunja, la capital boyacense.

Inclusive, se refirió a cuánta plata se gasta el Estado colombiano en mantener a un interno y reveló que cada persona privada de la libertad en centro carcelario le cuesta al país 2.6 millones de pesos mensuales.

“Si esa cifra de 3.1 billones la dividimos entre 110 mil privados de la libertad y luego entre los 12 meses del año, nos da que cada persona privada de la libertad le cuesta al Estado colombiano 2.600.000 pesos al mes, un dinero importante —porque es— más de lo que ganan muchas familias”, reiteró Osuna, quien aseguró que ese dinero se puede invertir en otras cosas y no en la crisis generada dentro del sistema penitenciario.
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