Las versiones del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, del 6 de febrero en las que denunció que dos funcionarios de la Dirección Seccional Antioquia y una funcionaria judicial fueron secuestrados e interrogados por hombres del Clan del Golfo el 3 del mismo mes, fueron desmentidas por el grupo armado ilegal
“Nunca ha sido ni fue la intención por parte de nuestros hombres de ‘secuestrar’, como argumentó el fiscal general Barbosa, ya que nuestra organización rechaza esta práctica terrorista e inhumana dentro del conflicto político y social armado en nuestro país”, se lee en el comunicado del grupo armado.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el secuestro se presentó cuando los funcionarios del municipio de Tarazá se movilizaban en un vehículo particular por la vía que conduce de Cáceres a Medellín. A la altura de Valdivia, casi a la mitad del trayecto, fueron interceptados por 12 sujetos fuertemente armados.
Los funcionarios habrían sido movilizados por las vías del departamento e incluso manifestaron que en ese recorrido pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, que según el fiscal Barbosa, “no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.
Pero la versión del Clan del Golfo es otra. “Nuestros hombres reciben la información por parte de la comunidad, sobre la presencia de unas personas que se encontraban realizando estafa como venta de oro falsificado y se obtienen las características del vehículo en el que se movilizaban los presuntos estafadores”.
En su relato, el grupo armado afirmó que detuvo el carro en el cual se transportaban los funcionarios del ente investigador por tener “características similares”.
A lo que el Clan del Golfo agregó:
“Se procedió a verificar la información y la identidad de las personas retenidas, al conocer que se trataba de personas de bien y ajenas a los hechos, se le respetaron sus derechos y garantías constitucionales como haríamos con cualquier ciudadano en el país, dándoles un trato digno y sin ningún tipo de exigencia económica, ni de ninguna índole”.
Durante su intervención, el fiscal general expresó que designó un equipo de investigadores que recolectaron evidencia técnica de la presencia del Clan del Golfo en la zona. “Además, cuentan con pruebas de que una de las personas que tuvo secuestrados a los funcionarios fue Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito”, dijo Francisco Barbosa ante los medios de comunicación.
Estas afirmaciones también fueron rechazadas por el Clan del Golfo:
“Nunca fue nuestra intención retenerlos a cambio de nada ni amenaza alguna, más que la de brindar seguridad y tranquilidad a nuestras comunidades, por lo que los instamos a trabajar desde sus despachos sin temor alguno, antes necesitamos que cumplan con sus funciones públicas dentro de los territorios”, aseguró el grupo armado.
Por el secuestro de los funcionarios, Barbosa decidió cerrar la sede del municipio de Tarazá y trasladar la atención a Medellín, debido a que consideran que no se cuentan con las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan administrar justicia en ese territorio.
“Se citará a los funcionarios y autoridades de la policía y fuerzas militares responsables de la seguridad en la zona, para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector”, anunció el fiscal el 6 de febrero.
El comunicado del Clan del Golfo finalizó anunciando que después de conocer la identidad de las personas retenidas, “se les pidió disculpas y se les facilitó su marcha”, se lee en el comunicado con fecha de 8 de febrero, pero que fue conocido el viernes 10.
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