Miembro de la UTL de Paola Holguín fue denunciado en redes por presunto acoso sexual

Crecen las denuncias relacionadas a acoso en el Congreso de la República, las cuales no solamente se habría generado contra congresistas. Juan Pablo Sáenz, fotógrafo de la UTL de la senadora Paola Holguín, es señalado por al menos una decena de mujeres, de presuntas conductas inadecuadas e irrespetos.

Aunque actualmente se registran varios casos relacionados a la problemática, incluso desde hace años, su nombre salió salpicado el 7 de febrero por medio de una denuncia generada por Alejandra Sanabria en su cuenta oficial de Instagram, la misma, asegura que Sáenz le habría ofrecido una suma de $100.000 para que lo masturbara.

Lo que más sorprende en la publicación es que en los comentarios varias mujeres aseguraron haber sido acosadas por él. Juan Pablo Sáenz aseguró que ‘’la situación se malinterpretó'’, pero, reconoció que le ofreció dinero a Alejandra a cambio de favores sexuales en comunicación con La W. Con relación a las demás denuncias, aseguró que los comentarios hechos se generaban desde perfiles falsos, que lo que pretenden es ‘’acabar con su dignidad y enlodar su nombre’'.

Sin embargo varias de las mujeres que aseguraron ser víctimas del fotógrafo entregaron su testimonio, al medio anteriormente referenciado, y aseguraron en su mayoría que Sáenz habría enviado fotografías de sus partes íntimas a mujeres entre las que incluso se encuentran menores de edad por medio de redes como Snapchat y WhatsApp y que habría tocado a jóvenes en la iglesia a la que asistía.

Antes de que el fotógrafo llegara a la Unidad de Trabajo Legislativo de Paola Holguín, trabajó con Gabriel Santos, exrepresentante a la Cámara, también del Centro Democrático. Según denuncias de sus excompañeras de trabajo, Juan Pablo Sáenz habría tomado sus teléfonos sin consentimiento alguno para revisar y reenviarse fotos íntimas.

La situación llevó a que el exrepresentante Santos actuara rápidamente, contratando a un abogado penalista para asesorarse en el manejo de la situación, lo que lo llevó a tomar la decisión de retirarlo de su equipo legislativo.

Frente a las denuncias generadas, hace pocas horas el funcionario presentó su carta de renuncia, la cual está en trámite y aún no ha sido aceptada.

Una de las primeras referencias y/o denuncias relacionadas a presuntos hechos de acoso en el Congreso fue la generada por el exsenador por la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, quien en entrevista con Revista Semana aseguró que dentro del Congreso se movía una red de trata de personas.

El exsenador aludiendo a la seguridad de las víctimas envió una carta a la Fiscalía General el 20 de enero en donde solicitó reprogramar citación para testificar al respecto, también requirió que la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, la Comisión Ética del Senado y la Fiscalía General lo citaran por efecto.

“Pregunto a machitos criollos que amenazan con denunciarme si no traiciono a las víctimas de acoso: Si tu hermana, tu esposa o tu hija, te cuentan algo y te piden de vida o muerte que no revele su identidad, ¿las ponen en la picota pública contra su voluntad para que las lapide el mundo?”, trino el exsenador el 19 de enero, en relación a los oponentes de sus pronunciamientos.

En medio del escándalo de los casos de acoso sexual en el Congreso de la República, la corporación presentó un protocolo para evitar y orientar institucionalmente frente a conductas de violencia sexual que podrían suceder en el ámbito laboral y contractual en el Capitolio.

El proyecto se avaló por parte del Senado y la Cámara de Representantes y pretende trazar un marco de acción para los casos de abusos sexuales que puedan presentarse en el hemiciclo. El legislativo conformó una Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que fue la encargada de trabajar en ese documento buscando garantizar espacios seguros y libres de cualquier tipo de violencia sexual.

Dentro del aparato se contemplan tareas para sensibilizar sobre la violencia sexual, un proceso de socialización con todas las personas que tienen contratos con el legislativo y abrir espacios de capacitación sobre el tema.