Los grupos armados ilegales no han entendido la finalidad de la Paz Total, aseguró el comandante del Ejército

En medio de la polémica que ha existido respecto al tema del cese bilateral de fuego en el país, el general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional, aclaró algunas de las circunstancias que hoy rodean a la fuerza militar. De la misma manera, el uniformado explicó qué hay detrás de la visualización de hombres armados movilizándose, en algunos municipios, a plena luz del día.

“El cese bilateral no es un despegue, algunos grupos han malinterpretado esa oportunidad que viene dando el Gobierno, nosotros hemos hecho la tarea de continuar sincronizados con la constitución y la ley (…) hay que entender que son circunstancias de modo, tiempo y lugar las que se presentan en ocasiones y eso hace que nuestro comportamiento tenga que ser muy prudente. Hasta la fecha no hemos tenido dificultad que seamos nosotros los que han entorpecido o generado algún incidente en contra del cese bilateral”, explicó en testimonios recopilados por la W Radio.

“Es bueno decirles que vamos a tener la oportunidad de reunirnos con el señor fiscal para hacer unas claridades frente a eso, hay protocolos que se desarrollan en territorio y así lo venimos haciendo (…) no estábamos haciendo retenes, para este caso era presencia en garantía de los activos estratégicos y no reteníamos ni hacíamos que se detuvieran vehículos”, añadió el general Luis Ospina.

“Nosotros estamos dispuestos a garantizar la intención del Gobierno Nacional y en ese esquema nos ajustaremos, hemos propuesto que gran parte del éxito de esta tarea es que los grupos busquen unos sitios donde se puedan concentrar y dejen de delinquir, y podamos hacer un protocolo que vayan permitiendo que dejen la armas (…) las zonas de distensión no es una determinación de la Fuerza Pública, será el comisionado de paz”, concluyó el comandante.

Esta semana, de acuerdo con un informe que llegó a la Casa de Nariño, el actuar de las disidencias está en la mira de las autoridades y del gobierno, pues, se siguen denunciando hostigamientos dirigidos a la población civil, secuestros, extorsiones, asesinatos a líderes sociales en el territorio nacional y ataques a bases militares.

Esto se da, especialmente, cuando el país se encuentra en un momento decisivo en el que espera la aprobación de leyes como la de la Aceptabilidad y Responsabilidad Penal, en la cual el Gobierno busca el desarme de los más de 20 grupos que decidieron dejar las armas y formar parte del proyecto de Paz Total.

El Instituto de Ideas para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, mostró un seguimiento en el que es posible ver al menos 29 violaciones contundentes hacia el cese bilateral entre la Fuerza Pública y los grupos armados al margen de la ley.

Siguiendo los resultados, un 86% de las infracciones fueron cometidas por disidencias de la extinta guerrilla de las Farc. Entre ellas, el Estado Mayor Central, EMC, el cual estaría liderado por Iván Mordisco. Mientras que otras disidencias conocidas están a cargo de otras figuras, como la Segunda Marquetalia a cargo de Iván Márquez, exfirmante de paz.

Sin embargo, el panorama podría ser más alentador. Esto se debe a que el balance es menos crítico, según el mismo Instituto, con los otros tres grupos armados con los que el Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro había anunciado cese bilateral, entre ellos: las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o conocidas como “Clan del Golfo” y la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con el informe, de los grupos anteriores solo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia cometieron violaciones a la medida.

Es importante señalar que los grupos armados completan uno de los seis meses que se establecieron para el cese al fuego que concedió el Gobierno de Gustavo Petro. La posibilidad de que la tendencia continúe podría reflejarse en una reducción significativa de la violencia en el país, según Indepaz.

“Desde el tercer trimestre de 2022 se han venido desescalando las violencias generadas por los grupos armados ilegales y sus impactos en la población civil como consecuencia de las iniciativas para la solución dialogada de los conflictos”, señala el informe.