Estas son las principales reformas que propone el Gobierno de Petro en el Plan Nacional de Desarrollo

Ya fue radicado el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con el que el Gobierno nacional planea dirigir sus políticas durante los próximos cuatro años. Solo falta la aprobación del Congreso de la República, que estará discutiendo el documento de 166 páginas hasta el próximo 7 de mayo.

En el PND se plantean grandes cambios y reformas en distintos sectores. El más sonado viene de la mano con la reforma a la salud que planea dicha cartera, en donde se planea que el Gobierno deje de girar recursos a las EPS para girarlos directamente a los hospitales.

El artículo 125 del documento señala que “la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), en nombre de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a Compensar, realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado”.

Por otra parte, el Gobierno propone, en el artículo 55, la creación de un Registro Universal de Ingresos, en el que todas las personas declaren renta, sin importar su nivel de ingresos, y que sería administrado por el Departamento Nacional de Planeación con el fin de que haga la “focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social”.

Además, se plantea la transferencia en especie Hambre Cero, que “consiste en la entrega de recursos en especie para garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema”.

En materia judicial, el Plan Nacional de Desarrollo propone crear un “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica”, cuyas funciones serían similares a las que tiene la Comisión de la Verdad, creadas en el marco de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las Farc. También propone trasladar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a un organismo civil.

De igual forma, se busca crear una instancia para articular a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el Gobierno con el fin de facilitar el cumplimiento de las sanciones dispuestas por el tribunal de paz, así como la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en medio del conflicto armado.

Como lo manifestó en diferentes ocasiones durante su campaña presidencial y desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro incluye en su PND, en el artículo 154, la adopción de una “nueva política nacional de drogas”, que plantea una regulación “justa y responsable” y que tiene un marco de acción de diez años.

Otro artículo, el 42, en su parágrafo 3, plantea impulsar una “acción especial de titulación de la posesión”, para el o la que siendo sujeto de ordenamiento de la propiedad rural “posea de manera material, pública, pacífica e ininterrumpida, durante tres años, un inmueble rural de propiedad privada”.

Esto no tendrá validez para los casos de despojo por el conflicto armado, a menos que se trate de un caso en favor de una víctima reclamante de restitución de tierras.

De igual forma, se propone mejorar el proceso de compra de tierras por parte del Estado, y para ello, las entidades “podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas”.

En adición, están las facultades extraordinarias que se le otorgarían al presidente por un espacio de seis meses para poner en marcha políticas públicas. Una de ellas sería la recuperación del hospital San Juan de Dios.