Indígenas bloquearon la Troncal Caribe para exigir implementación del PAE en los centros etnoeducativos

Indígenas wayúu protagonizan dos bloqueos sobre la Troncal del Caribe, exactamente en la vía que de Riohacha conduce al municipio de Maicao, la protesta se generó debido a que según integrantes wayúu, el Gobierno no ha implementado el Programa de Alimentación Escolar ni el transporte escolar para miles de estudiantes de los centros etnoeducativos de la Guajira.

“Bloqueando hasta tanto el Gobierno Nacional del doctor Gustavo Petro no resuelva el problema de alimentación y transporte escolar, porque es una situación que todos los años se presenta. Es una situación que ya sabe el gobierno que para darle inicio a la jornada escolar de cada año y debemos tener el transporte escolar y alimentación para que los niños y niñas se puedan atender oportunamente”, explicó Milaysis Herrera, en Blu Radio, docente de uno de los centros etnoeducativos afectados.

Dentro de la protesta se incorporaron padres de familia, docentes, estudiantes y autoridades indígenas wayúu, estos aseguraron que no se marcharían del lugar hasta que no se tenga un diálogo directo con el Gobierno. En concordancia con el caso la Procuraduría requirió a las autoridades territoriales de La Guajira información sobre las acciones ejecutadas para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el 2023.

La Procuraduría requirió el 7 de febrero a las autoridades del departamento de la Guajira información sobre las acciones ejecutadas para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar durante el 2023.

El requerimiento estuvo en cabeza de la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira ante la Gobernación del departamento, también ante las alcaldías de Riohacha, Uribia y Maicao, con la finalidad de verificar el estado del proceso de contratación y a su vez conocer los operadores que presentarán el servicio en las jurisdicciones.

El Ministerio Público también solicitó informar si las gestiones adelantadas garantizan el suministro de las raciones desde el primer día de clases y durante el calendario escolar del 2023, conforme a las normas que regulan el Plan de Alimentación Escolar.

En el caso de la Gobernación de la Guajira la información requerida se refiere a los municipios que no cuentan con certificación, cuya contratación depende estrictamente de esa entidad territorial, que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.

En enero del 2022, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la directora del ICBF de la Regional La Guajira, Yanerys Beatriz Cotes, información detallada sobre la contratación de los programas de alimentación escolar que beneficiarían a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad wayúu.

Por medio del comunicado, el Ministerio Público solicitó a la funcionaria especificar la fundación u operador contratado y los aspectos de los negocios jurídicos como el costo, número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio y todos los datos relacionados a la representación legal.

Cabe resaltar que las fundaciones prestan los servicios de atención a la nutrición de la primera infancia, con la entrega gratuita de leche, alimentos o complementos nutricionales y, la alimentación de niños y niñas de cero a cinco años en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del Instituto.

Al cierre del 2022 y gracias al trabajo encabezado por la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo Aldana, y las autoridades Wayúu se llegaron a acuerdos para afrontar el hambre y la desnutrición de los niños y niñas.

Tras dos días de trabajo entre el equipo del ICBF y las autoridades indígenas se definió una ruta de atención inmediata y concertada con las comunidades Wayúu del plan provisional de emergencia que dispone el Auto 696 del 2022.

En la misma línea, se dio inicio a un plan de trabajo conjunto con las autoridades del territorio para el diseño de un modelo propio de atención a la primera infancia y la implementación de una ruta de trabajo que garantice los derechos de los menores en cumplimiento de lo establecido en la Sentencia T-302.