Tras varios requerimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación para que Juan Fernando Petro declarara por el llamado “acuerdo de La Picota”, el martes 7 de febrero esa diligencia finalmente se concretó.
El hermano del presidente Gustavo Petro entregó al ente investigador la información que este conocía relacionada con la existencia de un cartel de abogados que estaría cobrando millones de dólares a grupos narcotraficantes para ser incluidos en los beneficios de la denominada paz total.
Junto con el hermano del primer mandatario de la nación, también fue citado el abogado Pedro Niño, que actualmente hace las veces de vocero del Clan del Golfo en los acercamientos que sostiene dicho grupo criminal con el Gobierno en el marco de estas negociaciones.
Lo que ha trascendido públicamente del “acuerdo de La Picota”, es que existiría un cartel de abogados que, aprovechando la política que busca implementar Petro junto con su gabinete ministerial, estaría cobrando sumas superiores al millón de dólares a grandes narcotraficantes para buscar ser nombrados bajo la figura de voceros de paz.
El motivo de la controversia alrededor de este hecho es que, en principio, este modelo restaurativo iba dirigido, de acuerdo con las directrices planteadas por Petro, a beneficiar a los jóvenes manifestantes durante las movilizaciones sociales que tuvieron lugar entre abril y junio de 2021 durante el Paro Nacional que afrontó el gobierno de Iván Duque, y que derivaron en actos vandálicos. La mayoría de los arrestados formaban parte de la Primera Línea.
Las exigencias de dinero se explican porque, al ser nombrados como gestores de paz, gozarían de beneficios judiciales entre los que se incluye la posibilidad de no ser extraditados a los Estados Unidos. Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz y responsable de gestionar todos los temas relacionados con la paz total, también se ha referido al tema públicamente y será llamado para que amplíe la denuncia ante la Fiscalía.
En su condición de representante legal de Juan Fernando Petro, Pedro Niño sostuvo a Caracol Radio una vez finalizó la diligencia, que el nombre de su representado se ha utilizado para fines ajenos a las actividades enmarcadas dentro de la paz total, asegurando que el propio Juan Fernando es el más interesado en esclarecer lo ocurrido:
“Se ha utilizado el nombre de Juan Fernando Petro, para propósitos diferentes al ejercicio que él viene desarrollando y es así como hemos solicitado la investigación dentro de las labores que realizamos en derechos humanos (...) No tiene conocimiento de ningún nombre, de ningún abogado, por eso en la apertura de la investigación se constituye como víctima y así nos lo expresó la Fiscalía, y el más interesado en que esto se esclarezca es Juan Fernando”
Días atrás, el propio Juan Fernando Petro denunció en charla con Semana que estaba siendo víctima de una persecución con fines políticos:
“Me quieren utilizar, he aprendido que todo se teje con los intereses políticos y por desgracia la paz tiene esos tintes en los que hay intereses creados; no todos están de acuerdo con el presidente Petro sobre la paz y buscan cómo dañar sus políticas, utilizan ciertas cosas para esa finalidad y yo soy una de las figuras que puede ser utilizada para eso. Han utilizado mi nombre para hacer negociaciones, sé que eso pasa aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo”
Lo que se sabe hasta ahora es que los ofrecimientos de este cartel de abogados se estarían haciendo en la cárcel La Picota y en distintas cárceles del departamento de Antioquia. Luego de que Juan Fernando denunciara públicamente los hechos, tanto el fiscal general Francisco Barbosa como el primer mandatario de la Nación señalaron que las investigaciones tenían que llegar al fondo de los hechos para determinar quienes son las personas detrás del presunto cartel de abogados.
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