El proyecto de Paz Total que ha impulsado el Gobierno ha traído en el papel algunos cambios en el trato entre algunos grupos armados ilegales y el Estado colombiano. Desde comienzo del 2023, bandas criminales como disidentes de las extintas Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada firmaron un decreto que hablaba del cese del bilateral, sin embargo, el presidente Gustavo Petro habló este 7 de febrero señaló la posibilidad de pasar a otro nivel y pasar a un cese de hostilidades.
La propuesta la hizo el mandatario en medio de la Asamblea de la Federación Nacional de Departamentos, donde explicó que considera que en un contexto como el colombiano hablar de cese al fuego no es correcto debido a que no es un enfrentamiento entre ejércitos y que los grupos armados no tienen como fin acabar con las fuerzas armadas.
“¿Por qué digo que el cese al fuego es un mal término? Porque el cese al fuego es un término que surge de la guerra entre ejércitos, sean estatales o irregulares, como lo podrían hacer los rusos y los ucranianos”, explicó Petro.
Y agregó: “Cuando estamos ante organizaciones cuyo interés no es la destrucción de otro ejército, sino que su interés es sacar la mayor cantidad de cocaína, ¿cómo se aplica un cese al fuego a eso, a una actividad narcotraficante?”.
En términos académicos, el cambio traería implicaciones significativas, ya que el cese bilateral y el cese de hostilidades tienen connotaciones diferentes. Por un lado, para hablar del cese al fuego, es importante remitirse a la Segunda Guerra Mundial, donde se habló por primera vez de esta acción, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, es entendido como la suspensión de las hostilidades entre los actores armados, en el caso colombiano, que entre los grupos armados y el Ejército no se den los enfrentamientos armados. Incluso, en esta misma línea, el Comité mencionó que la consecuencia inmediata de la aplicación de las treguas o los armisticios.
En el caso de cese de hostilidades, la implicación es mayor y se podría hablar de los compromisos integrales que acogen las partes para desescalar el conflicto. Es decir, en el caso colombiano, como ocurrió en el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y los exmiembros de las extintas Farc, se busca que en el caso de los actores armados comiencen a desescalar sus acciones en contra de todos los actores que convergen en el conflicto, Ejército, sociedad civil, políticos y demás, en este sentido, por ejemplo, que dejen de lado, acciones como extorsiones, secuestros, asesinatos, masacres y demás.
Por ahora, en cuento a los decretos, se ha informado que los grupos armados han incumplido el acuerdo. Incluso, en un informe que llegó a la Casa de Nariño se detalló cómo en el caso de las disidencias la colaboración para dejar de lado el conflicto no se está dando.
Pese a esto, cabe resaltar que desde la llegada del Gustavo Petro al poder se han disminuido los hechos de violencia en el país. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- desde el tercer semestre del 2022 el comportamiento de los grupos ilegales ha cambiado.
“Desde el tercer trimestre de 2022 se han venido desescalando las violencias generadas por los grupos armados ilegales y sus impactos en la población civil como consecuencia de las iniciativas para la solución dialogada de los conflictos”, se lee en el informe que fue compartido el fin de semana por el Instituto.