El 7 de febrero, la concejal de la Alianza Verde María Fernanda Rojas solicitó al secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, que le imponga una sanción pecuniaria al contratista Unión Temporal Core Tributario, a cargo de BogData.
Esta es la plataforma distrital mediante la cual se pagan los impuestos en el distrito capital, pero que desde su creación, en 2017, ha sufrido todo tipo de fallas, se ha caído y no ha sido confiable ni efectiva, lo que se ha constituido como un temor para los contribuyentes quienes, en lo corrido de 2022 se vieron obligados a hacer horas de fila para pagar sus obligaciones tributarias.
Esta, vale referirlo, es una solicitud que le ha venido haciendo la concejal a la cartera de recaudo por semanas, pero este martes volvió a insistir desde el Concejo de Bogotá, pues como bien hizo en recordárselo en diálogo a Infobae, “estamos a pocos días de que vuelvan las fechas duras para pagar impuestos”.
“Estamos hablando de un contrato enorme, por más de $60.000 millones, que ha requerido de asignaciones adicionales para que se puedan cumplir los servicios contratados. Eso no tiene presentación. Yo le he venido haciendo seguimiento al tema, pedí unos informes de interventoría y sé que esta misma sugirió que se aplicara una sanción pecuniaria que está establecida en el contrato, por el 20 % del valor del mismo. Le solicité al secretario de Hacienda que se ponga firme con este contratista y aplique las sanciones a que haya lugar. Esa u otra, pero alguien que ha recaudado por vía de un contrato tanto dinero, no ha cumplido sus obligaciones y le ha generado un daño a la ciudadanía y a la secretaría de Hacienda tiene que recibir algún tipo de sanción”, comenzó por decirle a Infobae la concejal de la Alianza Verde, María Fernanda Rojas.
Acto seguido, la cabildante llamó la atención sobre la impresión de las facturas, y esa fue la segunda parte del llamado que le hizo a la Secretaría de Hacienda, entidad que tomó la decisión, en el marco de la contingencia que decretó el 27 de enero, de mandar el recibo impreso a la gente, “cuando se suponía que todo ese sistema era precisamente para facilitar el trámite de pago electrónico y evitar impresiones”.
“Este contrato se firmó en la Administración pasada y a 2023, ad portas de que comience el nuevo calendario tributario, toman esta decisión. Para la contingencia me parece sana, es sano que por lo menos a la gente le llegue su recibo a la casa y pueda pagar, pero para lo que se había estipulado, una modernización y salto a la tecnología, es un fiasco que se estén tomando estas medidas”, añadió a este medio de comunicación la concejal de los verdes.
Y es que, como lo indicó la cabildante, lo más probable es que sea el distrito el que deba incurrir en el pago de las impresiones y los envíos, “y el contratista sin sanción”.
“El secretario no me ha contestado. Sé que están revisando el tema, pero hay que ser firmes y hay que enfrentar a contratistas que no cumplen. Le pedí al secretario firmeza al aplicar las sanciones a un contratista que, aunque encargado de modernizar y actualizar la plataforma digital de la Secretaría de Hacienda, ha incumplido reiteradamente a la ciudad, y eso se ha visto reflejado en una afectación a los contribuyentes que no pueden descargar el recibo para pagar el impuesto; o que tienen dificultades con el sistema y todo eso es una mala gestión del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones”, concluyó la concejal.