La Federación Internacional de Periodistas (FIP) presentó su trigésimo segundo informe anual sobre trabajadores de los medios de comunicación asesinados, este último compilando lo del 2022. Colombia fue uno de los países donde más asesinatos se presentaron, siendo una de las cifras más relevantes del continente.
La entidad hace un llamado de atención a los gobiernos, pues aseguran que falta voluntad política para aumentar y/o garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación, que si no son asesinados, terminan siendo encarcelados por razones derivadas de ejecutar sus actividades profesionales.
“Esta publicación no sólo trata de los niveles de violencia dirigidos contra periodistas y otros/as trabajadores/as de los medios de comunicación, indicados por el gran número de ataques contra ellos, sino también de las causas subyacentes (...) los detalles que contiene este informe sirven para documentar las amenazas, actos reales de violencia y la cultura de impunidad, que dan cuenta de la persistente crisis de seguridad en el sector del periodismo”, declaró el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.
La situación en América Latina y el Caribe sería preocupante para la FIP, teniendo en cuenta que se registraron 30 homicidios a periodistas o trabajadores de medios de comunicación, siendo esta la región con el mayor número de casos contabilizados, a nivel mundial.
Resulta paradójico, sí se tiene en cuenta que en Ucrania, país donde actualmente hay una guerra activa, se registraron 12 asesinatos.
Los países del continente que presentaron estos casos fueron: México con 11, Haití 7, Colombia 4, Honduras y Brasil 2, Paraguay, Ecuador y Chile 1. El número 30 se contabiliza en los Estados Unidos.
Sol Digital Stereo, Voces de Córdoba y Unión TV fueron los medios colombianos afectados
Dilia Contreras Cantillo, Leiner Montero Ortega fueron dos de los cuatro periodistas asesinados en el 2022, ambos pertenecían al medio Sol Digital Stereo, los cuales fueron asesinados el 28 de agosto, en medio de las fiestas del corregimiento de Santa Rosa de Lima, en el departamento de Bolívar.
“Los dos periodistas asesinados a tiros, en el Caribe colombiano, fueron ultimados cuando regresaban de cubrir las fiestas patronales del corregimiento de Santa Rosa de Lima. Según las fuentes oficiales, dos pistoleros en moto abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban los periodistas. Una tercera persona se encontraba en el coche, Joaquín Alberto Gutiérrez Marín, también resultó herido, pero pudo contactar con la policía”, detalla el informe.
El 16 de octubre del 2022 el director de Voces de Córdoba, Rafael Emiro Moreno fue asesinado por dos sicarios en moto, hecho registrado en el municipio de Montelíbano.
“El director del medio de comunicación, Voces de Córdoba, fue asesinado a tiros por pistoleros en moto que le atacaron a la salida de una tienda de su propiedad en el municipio de Montelíbano, Córdoba. Según los medios de comunicación locales, el periodista había sido admitido en un régimen de protección de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que le fue retirado unos días antes de su asesinato”, destaca la FIP.
Finalmente, el 28 de noviembre le arrebataron la vida a Wilder Alfredo Córdoba, asesinado en el municipio de La Unión, Nariño, mientras realizaba un reportaje sobre la inseguridad en esta población del suroccidente de Colombia.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), durante el 2022 se registraron 218 amenazas contra trabajadores de medios de comunicación, lo que representa la cifra más alta de los últimos 15 años. Según está entidad los gobiernos regionales han tomado una actitud de deslegitimar a estas personas, lo que genera un mayor riesgo para el ejercicio libre de su profesión.
“Existe una crisis aguda de violencia contra el periodismo que no solo se refiere a los ataques físicos o letales, también a otras formas que propician un ambiente hostil. (...) Durante el mandato del actual Gobierno, se han documentado, entre otros, dos asesinatos a periodistas, doce estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos y 82 amenazas”, detallan desde la FLIP.
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