El exterminio de líderes sociales en Colombia no para, y luego de que el primer mes del año cerrara con la execrable cifra de 11 homicidios de estas personas que representan y trabajan por sus comunidades o la defensa de los derechos humanos, en la primera semana de febrero ya se tiene el registro de dos crímenes más.
Una de las víctimas fue Jorge Luis Jaraba Plata, quien fue ultimado en el municipio de Tierralta, en el sur de Córdoba, el pasado sábado 4 de febrero. Fue asesinado con arma de fuego en el sector conocido como Aguas Vivas, informaron en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Agregaron que el fallecido era reconocido por su liderazgo en la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú y además era beneficiario del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). También formaba parte del comité de conciliación de la vereda El Juli, en zona rural del Tierralta.
Tras el homicidio, el fin de semana se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad entre las autoridades del departamento, quienes establecieron que el líder social era un excombatiente de un grupo armado ilegal y que no se tenía conocimiento de que hubiera recibido intimidaciones.
“De acuerdo a la versión y de la entrevista que se adelanta a una de sus hermanas no tenían conocimiento de alguna situación de amenazas para él. (También señaló) que años atrás él había sido desmovilizado de las Autodefensas. Estamos adelantando todas las actuaciones en materia de Policía Judicial y de Inteligencia que nos permita dar claridad quién o quiénes le quitaron la vida vilmente”, informó el coronel John Suárez, comandante de Policía en Córdoba.
Ese mismo sábado, pero en la región del Catatumbo (Norte de Santander) se reportó el asesinato de José Antonio Santiago Pérez, a quien le quitó la vida de forma violenta un grupo de hombres armados en la vereda la Serena, que está a 5 minutos del casco urbano del municipio de Tibú, indicaron en Indepaz.
Señalaron que el líder social estaba en riesgo desde hace tres meses ya que le habían robado la camioneta del esquema de seguridad que le había asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a que ya había atentado en contra de su vida.
Santiago Pérez se estaba desempeñando como presidente de la Junta de Acción Comunal de Socuavo Norte y era delegado de la federación de juntas de Norte de Santander.
“Aún no tenemos claro quiénes fueron los autores de este lamentable hecho, se está investigando con las evidencias encontradas y recopilando testimonios, pero es difícil porque todo ocurrió en una zona solitaria y desolada”, afirmó el coronel John Robert Chavarro Romero, comandante de la Policía de Norte de Santander.
Entre tanto, una fuente judicial aseguró en el medio de comunicación regional La Opinión que debido a que el líder social no contaba con el vehículo de la UNP, el día de su asesinato prefirió desplazarse en moto.
“Ordenó a los escoltas que se quedaran en el casco urbano de Tibú, que él tenía una reunión en la vereda Socuavo Norte, que se iba en una moto y volvía. Además, no tenía una camioneta blindada porque la que le asignaron se la robaron para noviembre del año pasado”, sostuvo.
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