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En su primera visita a la central Hidroituango, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, llamó la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que deben asumirse los análisis de las medidas que se tomen sobre el sector minero energético y, adicionalmente, recomendó que la intervención a las comisiones de regulación de servicios públicos que pretende el presidente Gustavo Petro para intentar una reducción en las tarifas se haga de manera técnica con la mirada hacia las necesidades reales de los usuarios y con el respeto a las leyes de libre mercado.
Rodríguez Becerra reconoció que Hidroituango es un activo estratégico para garantizar la oferta energética presente y futura del país y por esta razón se hace indispensable mantener el especial seguimiento y los acompañamientos que la Contraloría General de la República (CGR) hace desde marzo del 2022 para velar por la adecuada inversión de los recursos recuperados con el fallo de responsabilidad fiscal por $4,33 billones y para contribuir a minimizar riesgos ambientales, sociales, sectoriales, técnicos y financieros asociados a este proyecto.
“Hoy en este gran proyecto, vital para el presente y futuro energético, aprovecho para advertir que Colombia debe asegurar unas reservas probadas de petróleo suficientes para emprender una transición energética segura”, afirmó el contralor.
Asimismo, estimó urgente que se tenga en cuenta la previsión de las instituciones de facilitar la entrada de nueva oferta de energía tanto de generación, como de activos de transmisión de energía, frente a un fenómeno del niño prolongado previsto para el cuarto trimestre de 2023.
“Hoy hay una imperiosa necesidad de agilizar la construcción de las líneas Colectora-Cuestecitas y Copey-Cuestecitas, en La Guajira y el Cesar, activos que permitirían la entrada de nueve proyectos eólicos y solares, que aportan 1.577 mega vatios (MW) de oferta de electricidad y con ello mejorarían la seguridad energética”, resaltó Rodríguez.
En este sentido, hizo un llamado para que se agilicen estos proyectos, a fin de no poner en riesgo la seguridad energética del país.
Intervención de comisiones de regulación
Para el contralor, medidas como la anunciada intervención a las comisiones de regulación deben ajustarse a principios o criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, definidos por la Ley de Servicios Públicos.
“Si bien el señor presidente (Gustavo Petro) puede asumir directamente las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), conviene señalar que estas se encuentran conformadas mayoritariamente por funcionarios del Gobierno. No obstante, se recomienda que la intervención se realice de manera técnica y mire las necesidades reales de los usuarios. En todo caso, respetando las leyes de libre mercado en los términos del artículo 333 de la Constitución Política y la regulación de monopolios”, anotó el jefe del organismo de control.
A su vez, aprovechó la visita para plantear a EPM, que es una empresa pública y uno de los principales actores del sector, si puede dar garantías al país de que no va a abusar de su posición dominante tanto en generación como en comercialización, y que no se justifique así la intervención que plantea Gobierno.
Prudencia y rigor técnico en debate sobre transición energética
El contralor recordó que en Colombia y el mundo la transición energética es una política pública en curso, razón por la cual es necesario hacer un seguimiento permanente de sus resultados en reducción de gases efecto invernadero y al impacto en todos los sectores económicos, pero también en las finanzas estatales.
Mencionó luego varias cifras que dan cuenta de la importancia del sector minero energético. Son las siguientes:
Este sector representó en 2022 el 56,1% de las exportaciones y aportó en el último bienio $33 billones en regalías a las regiones, recursos que se destinaron a proveer agua potable, salud, educación y alcantarillado.
Además, genera alrededor de 90.000 empleos anuales, demanda bienes y servicios locales del orden de $11 billones anuales y destina $453.000 millones a inversión social, lo cual contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas. Por su parte, Ecopetrol contribuye con cerca del 4% de los ingresos del Gobierno nacional y para 2023 se estima que esta empresa entregará cerca de $52 billones en regalías, impuestos y dividendos.
“Es claro que Colombia tiene aún una gran dependencia de los recursos generados en el sector minero energético, por lo cual desde la Contraloría General de la República llamo la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que se deben asumir el debate y los análisis de las medidas que se tomen sobre este importante sector de la economía”, subrayó.
Según el contralor, para el uso de energías más limpias Colombia debe hacer su tránsito de manera gradual y segura, con los objetivos claros y firmes, con estrategias definidas y viables de mediano y largo plazo, no sólo por las exigencias y compromisos a nivel mundial en materia medioambiental, sino también por el agotamiento de la producción interna.
Reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir proceso de transición energética
Carlos Hernán Rodríguez señaló luego que año a año el país agrega casi que la misma cantidad de reservas de petróleo de lo que produce en el año, con un efecto neto de tener de manera constante la misma relación reservas/producción, que promedio es de 6,4 años para los últimos diez años.
“Adicionar las reservas denominadas probables y posibles, cuyas probabilidades son de 50% y 10%, sería una imprecisión ya que estas determinan escenarios cuya materialización dependen de continuar las inversiones en exploración y explotación”, advirtió enseguida.
En su concepto, las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética, de tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía, la soberanía energética y en general la economía del país.
“Se debe tener en cuenta que recursos como el GLP (gas licuado del petróleo) y el gas natural (con reservas suficientes para ocho años), son energéticos que pueden servir de puente para la transición energética al sustituir fuentes más contaminantes. El GLP, por ejemplo, evita la quema de leña y por su facilidad de transporte a zonas rurales y apartadas del territorio nacional, beneficia la salud y el medioambiente”, sostuvo también.
Y consideró que la actividad minera también puede tener espacio en la transición con minerales como el litio, grafito y cobalto, que incrementarán su demanda cerca de un 500% al 2050, y otros como el cobre y el aluminio, que presentarán un crecimiento en la demanda de cerca de 35% al 2040.
“Colombia debería aprovechar el potencial minero en la extracción de minerales como el cobre y níquel e incentivar la exploración de minerales estratégicos”, recalcó.
Finalmente, el funcionario se refirió a la emergencia invernal y el desabastecimiento energético que padecen los departamentos de Nariño y Cauca y dijo que la Contraloría General de la República valora los esfuerzos adelantados por el Gobierno y hará seguimiento a esta contingencia, dado que en la medida que la soluciones se alarguen, los gastos adicionales pueden llegar a ser considerables y también aumentar el descontento de las comunidades.
