El Gobierno radicó el 6 de febrero en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo que llamó “Colombia, potencia mundial de la vida”, el documento que marca las metas a largo, mediano y corto plazo, será tramitado y aprobado en las sesiones extras que convocó el ejecutivo hasta el 15 de marzo.
De acuerdo con lo planteado, el objetivo que marca es “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”.
Dentro de este documento se encuentra un fragmento que habla de lo que pasará con las personas que se jubilan en el país. Como lo ha venido diciendo el presidente, Gustavo Petro uno de los principios que impulsará será la dignificación de la calidad de vida de todos los colombianos, por lo que su plan plantea la disminución de la cuota que deben pagar en aportes a la salud.
Es importante mencionar que el artículo 62, especifica que sería solo para los pensionados que menos salarios reciben al mes, es decir, sería aplicado para los que ganan de $2,3 millones a $3,5 millones:
“El aporte a salud a cargo de los pensionados que devengan entre 2 y 3 salarios mínimos se reducirá del 12% al 10%, el cual regirá a partir de la vigencia de 2024, previa reglamentación del Gobierno Nacional, la cual hace parte de la agenda social que se presentará al Congreso de la República”, se lee en el borrador entregado al Congreso de la República.
En este sentido, es importante mencionar que la actualidad el pago promedio de salud que aportan estos pensionados es de $276.000 a $420.000, por lo que el montó a pagar se reduciría de $40.000 a $70.000, es decir, quedaría pagando entre $230.000 a $350.000.
Recordemos que en este momento, también se encuentra moviéndose la reforma pensional y la cartera de Trabajo ha mencionado que los 30 artículos que la componen busca beneficiar a la mayor cantidad de población colombiana posible.
“Es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica, lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura, para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna, tengan unos elementos que les permitan a través del apoyo del Estado liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias”, mencionó el año pasado la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Incluso, la propuesta inicial está basada en un sistema de pilares: “el pilar de ahorro voluntario complementario, el pilar contributivo y el pilar solidario básico, este último beneficiaría a cerca de 4 millones de adultos mayores que no tienen posibilidad de recibir una pensión y para ellos existiría una renta de medio salario mínimo que se pagará con recursos del presupuesto general de la nación que se liberan tras la implementación de dicho proyecto de ley”, señaló el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, un análisis presentado por el Grupo Bancolombia, da cuenta de que estas modificaciones impactarían de forma negativa a las administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, pues los aportes no serían suficientes para cubrir el pago de las mesadas actuales, es por esto que tendrían que liquidar parte de su portafolio de inversiones, con el fin de sanear el detrimento.