Más de 500 cuerpos serán exhumados en cementerios del Eje Cafetero por orden de la JEP

El cementerio de Jesús María Estrada del municipio de la Marsella, en Risaralda, habría al menos 553 cuerpos de personas inhumadas como no identificadas, que podrían ser víctimas de desaparición forzada. En este camposanto y El Carmelo de Salento, Quindío, se iniciaron las labores de exhumación.

El cementerio de Marsella es emblemático debido a que los habitantes del municipio, en un acto calificado por la Jurisdicción Especial para la Paz como empático y respetuoso, rescataron durante años cientos de cuerpos de personas asesinadas y arrojadas al río Cauca.

Esas labores la habrían ejercido al menos desde 1982 con al menos medio millón de muertos que fueron inhumados como no identificados. Entre estos hay víctimas de la llamada masacre de Trujillo, a la que se atribuyen alrededor de 300 personas asesinadas, torturadas y desaparecidas, en el periodo de 1986 a 1994.

Muchas de esas muertes, cometidas por una alianza militar de estructuras narcotraficantes de Diego Montoya, alias ‘Don Diego’ y Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, y miembros de la fuerza pública, según Rutas del Conflicto, permanecen en la impunidad.

“La JEP caracterizó el cementerio y señaló la existencia de 170 puntos de interés forense, que serán objeto de intervenciones de manera articulada entre el Grube de la Fiscalía y la UIA de la JEP durante este semestre”, señaló el tribunal de paz.

El cementerio Jesús María Estrada está cobijado con medidas cautelares para la protección de los cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. En noviembre de 2022, la JEP emitió el Auto AI- 073 y en su cumplimiento, la Fiscalía ya exhumó cuatro restos de posibles personas victimizadas en el conflicto armado.

Estas tareas, por parte del ente investigador, son realizadas por el Grupo de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) y en el caso de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef).

“La desaparición es un crimen atroz que mantiene a los familiares de las víctimas en un estado de zozobra permanente, por lo cual el hallazgo, la identificación y la entrega digna de sus seres queridos es un objetivo y un compromiso del Sistema Integral para la Paz”, sostuvo la JEP.

Estas acciones cuentan con el apoyo de organizaciones de víctimas como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos), el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Équitas) y el Centro de Estudios sobre el Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat).

En noviembre de 2022 se realizó una audiencia de medidas cautelares en Marsella, en la que también se evaluó la situación de 27 cementerios incluidos los del Quindío. La conclusión de la Defensoría del Pueblo en ese espacio es que los esfuerzos por la garantía de derechos de las víctimas de desaparición forzada han sido insuficientes, por lo que se decidió prorrogar las medidas cautelares.

En febrero de 2023 la JEP también prorrogó por seis meses la medida cautelar sobre los cementerios de San José y cementerio municipal de San José del Guaviare, debido a que pese a la protección desde 2021 no se habían podido adelantar las labores de prospección por parte de la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

En el caso del departamento de Sucre, en el cementerio del mismo nombre que cuenta con medidas cautelares, la JEP también advirtió que aunque se superó las condiciones de inundación, no se han demarcado las zonas de interés forense, por lo que no han sido protegidas.

En este lugar podrían estar los cuerpos de víctimas de desaparición forzada a manos de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre del Ejército, que operó desde el municipio de Sincé (Sucre) con jurisdicción en La Mojana y la sabana sucreña, durante los años 2007 y 2008.