El ministro del Interior y vocero del Gobierno nacional, Alfonso Prada, sostuvo un consejo de seguridad ampliado con los alcaldes de cinco ciudades capitales (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena), tras el cual aseguró que se trabajará de forma articulada para reducir la ola de inseguridad que afecta al país.
De aquel encuentro resultó la hoja de ruta del plan para “combatir el delito callejero y el crimen organizado en los centros urbanos”. Según dijo Prada, se llegó a “una sola estrategia”, pero teniendo en cuenta las características de las distintas ciudades; por ejemplo, la diferencia del delito en las ciudades portuarias del de las ciudades en el interior.
De igual forma, indicó que el 7 de febrero iniciarán las mesas técnicas con el Ministerio de Justicia para trabajar en un paquete de proyectos de ley que enfrente los delitos que más están afectando la seguridad en las ciudades colombianas: extorsión, robo y asesinato, así como el microtráfico y otras actividades ilícitas.
Como punto central del encuentro quedó establecer una estrategia para crear un gran plan nacional de desarme en el cual se contemplaría hacer un pago a cambio de la entrega de armas.
“Pensar en una campaña que convoque a todas las autoridades. Una campaña de desarme, la idea es desarmar a los colombianos y tener una estrategia conjunta en las que hagamos ofertas, sí es necesario de pago, para recibir la entrega de ellas”, dijo el ministro Prada.
Esta campaña sería liderada por el presidente Gustavo Petro y los alcaldes de las ciudades y tendría como fin retirar de circulación una gran cantidad de armas con las que se comenten los delitos más comunes en las principales ciudades del país.
Por otro lado, uno de estos proyectos de ley, presentado por la Alcaldía de Bogotá, propone establecer procedimientos penales expeditos, con penas cortas, así como la construcción de cárceles que incorpore el concepto de la justicia restaurativa.
Otro proyecto, propuesto por Asocapitales, plantea un mecanismo de financiación por medio del cual se pueda construir centros de detención, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y casas de justicia, de acuerdo con los indicadores de delincuencia de cada municipio.
“La meta es reducir drásticamente los homicidios, las extorsiones, el hurto y el atraco callejero que está en la calle agobiando a los colombianos, nos referimos a ese delito que está afectado a las personas que se movilizan en el MIO, en TransCaribe, en el Transmilenio”, dijo el ministro del Interior.
Adicionalmente, hay un proyecto para que se apliquen penas más efectivas a quienes reincidan en un delito, “van a tener un tratamiento penal y procedimental especial, lo vamos a llevar al Congreso de la República (…) también para esas personas que utilizan un arma para intimidar a un colombiano van a ser especialmente castigadas”, indicó Prada.
Por su parte, los alcaldes presentes, liderados por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidieron al Gobierno nacional aumentar el pie de fuerza en sus ciudades con el fin de que se puedan aplicar las leyes que sean aprobadas con eficacia. “Vamos a tratar de ponernos de acuerdo en el procedimiento, la judicialización, la infraestructura de seguridad y justicia, pero también para ver cómo financiamos eso conjuntamente”, sostuvo la mandataria de la capital.
“Al término del Consejo de Seguridad encabezado por el Presidente Gustavo Petro, las Fuerzas Militares, de Policía y alcaldes de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Cartagena, concluimos que nuestra meta es reducir los homicidios y extorsiones, el hurto y el atraco callejero que nos agobia”, escribió el ministro del Interior en su cuenta de Twitter.