Aunque en diciembre del 2021 se hizo el pago correspondiente de las pólizas de Empresas Públicas de Medellín, por el fallo de responsabilidad de la Contraloría, meses después del suceso comenzó a agrietarse ya que hubo señales de que el ente de control podría abrir proceso en contra del proyecto hidroeléctrico.
Ya que en septiembre del 2022, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria cuestionó a EPM por haberse acomodado con el pago de $4,3 billones, cuando la cobertura de los seguros se habían contratado por cerca de $15 billones, es decir, que la entidad recibió apenas la tercera parte del monto.
“Indigna que se le venda al país ese arreglo como el gran logro, cuando en realidad es un gran interrogante”, dijo el gobernador en entrevista con El Colombiano, cuestionando, entre otras cosas, que la póliza se hubiera pagado cuando el valor total del daño derivado de la contingencia de 2018 aún era una incógnita.
Por ello Gaviria solicitó a la Contraloría abrir un nuevo proceso de responsabilidad para perseguir el dinero que, según él, no se ha pagado, esta petición fue apoyada por los líderes gremiales y políticos.
Mientras el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, consideró nocivas las declaraciones de Gaviria y aseguró que las mismas solo tenían el objetivo “hacerle daño a EPM y al proyecto”, a su vez, el vicepresidente de Riesgos de EPM, Andrés Felipe Uribe Mesa, señaló al gobernador de estar confundido con el tema. “Mal haría uno en pretender que la aseguradora en un siniestro de pérdida parcial, que es algo que es evidente por el estado del proyecto, reconociera el monto total del valor asegurado”, escribió Uribe en sus redes sociales.
Tras un mes de las menciones que el gobernador Gaviria generó, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra anunció visita a la obra para el 6 de febrero en donde se generaron anuncios relacionados al seguimiento que la entidad le ha hecho al proyecto, cuya logística para medios apoyó Empresas Públicas de Medellín, proceso de responsabilidad por los hechos que sucedieron después de la condena fiscal, cuyo detrimento patrimonial se fijó en 2020 en $4,3 billones.
Antecedentes del caso
El 28 de enero de 2022 la Contraloría declaró reparado el daño patrimonial por los $4,3 billones, luego de confirmar el pago de las aseguradoras. Es decir, hubo un corte en el proceso por el detrimento calculado hasta 2020. Le correspondía a un equipo auditor de la Contraloría determinar si hechos no conocidos y ocurridos después del corte hecho en 2020 cumplen tres condiciones: configuran un daño fiscal, hay presuntos responsables y hay un nexo entre el daño y los funcionarios que serían procesados.
Alcalde Daniel Quintero se pronunció en el caso
Tras la visita que el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello hicieron a Hidroituango el alcalde explicó por qué el proyecto no cuenta con una póliza de seguro ‘todo riesgo’, hecho que generó una investigación por parte de la Procuraduría.
“El proyecto está asegurado. No tiene el seguro todo riesgo porque después de la contingencia, las aseguradoras la piensan dos veces antes de asegurar, entonces en lugar de asegurar todo riesgo, nos tocó asegurar todos los riesgos, pero por separado, pero está asegurado”, explicó Daniel Quintero.
Cabe recordar que a inicios de enero del 2023, la Procuraduría abrió una investigación previa contra Daniel Quintero y el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, por la “presunta omisión de la obligación de asegurar contra todo riesgo al proyecto hidroeléctrico Ituango en la vigencia 2021″.
Así, según la máxima autoridad gubernativa de la ciudad, aunque el proyecto no cuenta con un seguro ‘todo riesgo’, sí está asegurado de forma individual y no existiría irregularidades al respecto.
Pero no fue el único anunció del alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM con relación a Hidroituango, pues este aseguró que antes de finalizar este año, la hidroeléctrica tendrá otras dos turbinas funcionando.