La ley que busca articular la “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro con la que se espera el sometimiento a la justicia para grupos armados ilegales tiene preocupada a la justicia de Estados Unidos y a la Fiscalía colombiana. Así lo confirmó el fiscal general Francisco Barbosa quien aseguró que, por parte de Estados Unidos, existen intereses judiciales en que se mantengan las órdenes de captura para algunos narcotraficantes que han sido pedidos en extradición.
Según Francisco Barbosa, la extradición es importante en la relación diplomática y judicial que Colombia mantiene con Estados Unidos. Así lo dio a saber en una entrevista en el periódico El Espectador, donde aseguró que hay preocupación por el funcionamiento en la cooperación judicial entre los dos países.
Barbosa explicó que Estados Unidos tiene intereses de carácter judicial en algunos narcotraficantes que han sido solicitados en extradición y por eso, según el fiscal, encontró un respaldo total por parte del Departamento de Justicia del país norteamericano.
“Encontré un pleno respaldo del Departamento de Justicia, sobre todo por las decisiones que ha tomado la Fiscalía en el último mes. En especial, el no levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición”.
Según Barbosa, “la extradición es un instrumento vital en la relación diplomática y judicial que tenemos con todos los países, entre ellos con los Estados Unidos”, por eso es relevante mantener las órdenes de captura para delincuentes, entre los que hacen parte incluso miembros importantes del Clan del Golfo.
Sobre la independencia que tiene la Fiscalía dentro de los procesos de extradición, el fiscal explicó que no es necesaria la intervención de la Cancillería para que se lleven a cabo este tipo de procesos, pues todo esto avalado por el convenio de Palermo.
“La Fiscalía no necesita pedirle permiso a la Cancillería colombiana para mantener relaciones diplomáticas, pues el convenio de Palermo nos permite seguir con la cooperación judicial”.
Según el fiscal Francisco Barbosa, los acuerdos a los que llegaron con el presidente Gustavo Petro luego de su reunión no se deben a la preocupación de la justicia norteamericana, sino a los argumentos que el fiscal planteó para mantener las órdenes de captura.
“Yo creo que el presidente escuchó los argumentos que yo le planteaba y quiere buscar la mejor salida y el mejor momento para la paz total”.
Sobre la decisión final de los procesos de extradición que debe adelantar la Fiscalía, Barbosa comentó que la última decisión la tiene el presidente Petro, “debe defenderse la extradición de colombianos, pero en este caso, como en todos los procesos de paz, como lo hicieron Uribe y Santos, el que tiene la última palabra es el presidente”.
Ley de sometimiento a la justicia
El lunes 30 de enero el senador Ariel Ávila indicó que el proyecto con el que se busca el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales puede ser presentado en las próximas semanas ante el Congreso de la República.
Según Ávila, desde el gobierno se espera que la iniciativa sea aprobada en abril de 2023, así lo dio a conocer en unas declaraciones que dio en una entrevista al medio Caracol Radio donde comentó que “vamos a comenzar desde esta misma semana con reuniones, y esperamos en dos o tres semanas tener la ley de sometimiento que se va a llamar De responsabilidad y aceptabilidad penal”.
Sobre las diferentes masacres en Antioquia, Córdoba o Barranquilla, el senador aseguró que “básicamente, organización criminal que manifieste que quiere ir a la Paz Total y no cumpla, hay que perseguirla y doblegarla a punta de fuerza”.
Para Ávila es indispensable que el presidente Petro defina los equipos negociadores que harán parte de las charlas con disidencias y otros actores armados ilegales con el fin “que tengan cabezas visibles que negocien y así evitar rumores”.