En medio de la nueva política de sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria, propuesta por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional adelantaría gestiones para, no solo erradicar los cultivos ilegales, sino que buscaría la forma de industrializar estas regiones con el fin de que los campesinos tengan otros métodos de subsistencia diferentes a este.
Esta política será implementada en 126 municipios de 14 departamentos de Colombia y hará parte de una de las apuestas más importantes en el marco de la Paz Total, una de las banderas del actual mandatario.
En el Acuerdo Final de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc en 2016, el punto cuatro trataba el tema de la sustitución de cultivos, ya que miles de familias en el campo colombiano subsistían gracias a los ingresos que dejaba los cultivos de hoja de coca; ante este punto, el presidente Gustavo Petro mencionó que le cumplirá a 60.000 familias que firmaron este plan de sustitución.
Para lograrlo, el jefe de Estado anunció que estas regiones serán priorizadas en el plan de industrialización del campo. Así lo manifestó el director Nacional de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón.
“Ninguna familia campesina abandona el ilícito al que se está arriesgando hasta que no le garanticemos otras fuentes de ingresos. Esa tarea significa que la única manera de hacerlo es industrializando los procesos”, indicó el funcionario público.
“Dentro de las temáticas hay dos pilares muy claros. El primero es culminar los compromisos que el Estado asumió en el Acuerdo de Paz de 2016, que hoy por hoy, aunque era un plan que debió haber terminado en el 2019, todavía hay una deuda importante con un grupo muy alto, alrededor de 66.000 familias campesinas, de las 99,000 que firmaron; tenemos que terminar eso”, añadió Tascón.
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el último informe entregado en el tercer trimestre de 2022, concluyó que los cultivos ilícitos en el país incrementaron cerca del 43% al pasar de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021.
Por otra parte, la producción de clorhidrato de cocaína, más conocido como cocaína en polvo, también alcanzó una cifra histórica, con 1.400 toneladas, y mantuvo el alza proporcional que se registra desde 2014. El mismo informe reveló que de los 1.122 municipios que tiene Colombia, 181 presentan afectación por coca, y solo en 12 se concentra la mitad de la producción del ilícito.
El Gobierno anunció cuáles serán las familias beneficiadas con este proyecto de industrialización, que no solo erradicará los cultivos de coca, sino que proyecta un incremento en la producción agrícola de otras materias primas como la yuca.
“En principio definimos que íbamos a llegar, por lo menos, a todos los municipios del país donde hay más de 100 hectáreas de coca y eso nos da 126 municipios, sumando y cruzando con los del PNIS (Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), eso nos da 126″, manifestó Tascón.
Por otra parte, el director de antinarcóticos de la Policía Nacional, coronel Edgar Cárdenas Vesga, confirmó que la meta de erradicación de cultivos ilícitos en el país se redujo para 2023 y pasará de 50.000 a 20.000 hectáreas, esta medida se tomó con relación al cambio en las políticas de erradicación que no han funcionado en gobiernos anteriores.
Por lo anterior, la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícitos manifestó que este será un proceso que llevará más tiempo, pero se desarrollará con mayor efectividad y de manera responsable.
Además, será implementado solo con los pequeños y medianos productores, y no con las producciones industrializadas que deben ser erradicadas bajo el modelo tradicional a cargo de las autoridades.
“La política no es si sustitución o erradicación, es que se busca que haya erradicación tradicional en la gran propiedad, lo que yo llamo interdicción, lo que tradicionalmente han realizado. No nos corresponde a nosotros, sino que les corresponde a los organismos pertinentes de la Policía, a la Dirección de Antinarcóticos y a la Brigada que hace lo mismo dentro del Ejército”, concluyó Felipe Tascón.