Hermanos que habían sido secuestrados en el Meta fueron encontrados muertos

Un lamentable hecho se registró en el municipio de Guacamal, Meta, donde hallaron los cuerpos sin vida de dos hermanos comerciantes dedicados a la construcción de postes de cemento, quienes fueron secuestrados y asesinados.

El atroz suceso ocurrió el viernes 27 de enero en la vereda el Barro, del municipio de San Carlos de Guaroa, Nelson Riveros y Ricardo Riveros, fueron citados en un sector rural, con la supuesta intención de acordar la ejecución de un trabajo relacionado con su actividad. Los delincuentes luego de secuestrar a los hermanos, pidieron dinero a su familia por su liberación.

Gracias al llamado de la ciudadanía, sus cuerpos fueron hallados sin vida, según la Policía Metropolitana. De inmediato, las autoridades llegaron al lugar y designaron un grupo de Investigación Criminal e Inteligencia que, en conjunto con el Ejército Nacional, adelanta las acciones correspondientes para juntar los elementos materiales de prueba.

Ante el lamentable hecho se realizó un consejo de seguridad en el municipio con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en compañía de las fuerzas militares y policiales, y de esta manera evaluaron la situación de alteración de orden público.

“Tenemos rabia e indignación, como la tienen todos los guamalunos (…) y esas basuras humanas, porque no se pueden llamar de otra manera, las tenemos que capturar, son un peligro tener esos individuos libres”, indicó Zuluaga.

Además, el gobernador del Meta ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para las personas que contribuyan a entregar información que permitan esclarecer las circunstancias de los secuestros y homicidios de los hermanos.

Finalmente, el mandatario departamental considero que los actores intelectuales de este doble homicidio son “basuras humanas” e invitó a la ciudadanía a denunciar.

Este hecho sucedió al mismo tiempo del consejo de seguridad realizado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, en el que entregó un balance positivo, no solo con respecto a la violencia ejercida contra civiles, sino también contra integrantes de la fuerza pública en el periodo en que inició el cese al fuego bilateral con cuatro grupos armados ilegales: el Clan del Golfo, Los Pachenca, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las Farc.

De acuerdo con el portavoz del Gobierno nacional, en la reunión sostenida junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía, el alto comisionado para la Paz y el ministro de Defensa, se reveló que durante enero de 2022 se registraron tres integrantes de la fuerza pública muertos y 40 heridos. Para el mismo periodo, pero de 2023 solo se presentaron 12 afectaciones.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo entregó un informe sobre los primeros 20 días del cese al fuego bilateral con cuatro grupos armados al margen de la ley en Colombia. El líder del organismo de control, Carlos Camargo, le solicitó al Gobierno nacional establecer unas reglas y compromisos claros debido a que se siguen presentando acciones violentas que afectan a la población civil.

“El cese al fuego bilateral debe estar condicionado al cumplimiento de unas reglas, unos compromisos y unos términos que acuerdan el Gobierno nacional y las diferentes estructuras armadas”, manifestó el defensor del Pueblo el 25 de enero. Camargo destacó la importancia de esos lineamientos para definir qué acciones podrían ser calificadas como una violación al acuerdo.

El informe precisó que, del 1 al 20 de enero, han monitoreado seis hechos violentos en el Cauca, donde hay presencia de los cuatro grupos acogidos al cese al fuego bilateral junto con otras organizaciones ilegales que no se acogieron a esa iniciativa de la Paz Total. “Colombia necesita claridad frente a situaciones que vienen siendo recurrentes por parte de los grupos armados ilegales”, puntualizó el funcionario en una rueda de prensa.